Llegado diciembre es necesario hacer un balance de lo que durante 12 meses se construyó para hacer avanzar a la agenda de las mujeres y esa revisión nos arroja números rojos.
La gran deuda en derechos, en disminución de la desigualdad y sobretodo en el combate a las violencias se hace mayor, en un año donde hubo más retrocesos que avances.
Y para muestra un botón: dos años después de la pandemia la nueva medición de la ENDIREH puso en cifras lo que hemos venido observando en la realidad y padeciendo cotidianamente: la violencia escaló hasta cifras abominables. Así lo evidencia el que en México 50.5 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años hayan experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, significando proporcionalmente el 70.1 por ciento de la población.
La violencia no puede ni debe ser el factor que nos vincule. No es normal que dos de cada tres mujeres hayan experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, ni debemos acostumbrarnos a ello.
¿Por qué ha escalado hasta tal extremo?
Principalmente por la impunidad. En este país, de los casos denunciados –que sabemos que son los menos– el 98 por ciento no se resuelven y solo el 2 por ciento se traducen en sentencias firmes, lo que manda un claro mensaje de que es posible matar mujeres, dañar mujeres, agredir mujeres sin que haya consecuencias por esos actos, además de que deja en libertad a una gran cantidad de sujetos violentadores que, sin duda alguna, volverán a agredir como parte de una espiral que escala de manera previsible.
Además de ello, lo que implica directamente a los gobiernos todos es la falta de efectividad en sus acciones públicas, que comienzan con la irrefrenable disminución presupuestal a programas de prevención de la violencia y continúan con la deliberada falta de cumplimiento en el fortalecimiento y transversalización institucional de una perspectiva de género de la cual claramente se carece.
Habría ya que fincar responsabilidades ante esas omisiones, que son además de inhumanas, cómplices en una espiral que parece no tener fin.
Y si al desdén gubernamental le sumamos la descomposición de una sociedad que normaliza cada vez más las violencias que en ella se generan, es que pasamos de la indignación por feminicidios de mujeres al circo mediático en el que se convirtió el caso de Debanhi Escobar en Nuevo León, la emblemática falta de sensibilidad gubernamental evidenciada ante el espantoso crimen de Luz Raquel en Jalisco, el arribismo político en el manejo público del caso de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México y así en cada uno de los casos de las dos mil 847 víctimas de feminicidio registradas de enero a octubre de este año, cifra que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solo representa el 30 o el 35 por ciento de los asesinatos de mujeres.
Esta sucesión de nombres, algunos de los cuales llegan a tener más resonancia y otros simplemente pasan inadvertidos, son solo una pequeña parte del rosto de un 2022 violento.
Hace apenas unas semanas en Veracruz, el Secretario de Marina afirmó –lleno de ese orgullo que le hincha el pecho a los machos– que el estado estaba mejorando en sus cifras de combate al feminicidio y hasta celebró que bajamos cuatro escalones en el ranking nacional que nos sitúa en los primeros lugares desde hace años.
Su regocijo les duró muy poco, porque al otro día fue identificado el cuerpo de Rosa Isela, joven mujer a la que asesinaron para arrancarle a su bebé del vientre en un acto de barbarie tan vil, que pareciera irreal.
Pero ésta y otras declaraciones de actores públicos y sus danzas de cifras nos colocan frente a la real naturaleza del problema: la clase política no sabe cómo sacudirse el golpe por la escalada en las cifras que les imputa como omisos, y por eso es que insisten tanto en demostrarnos matemáticamente cómo sus eficaces acciones las han disminuido, cuando en realidad cada día más el círculo de proximidad nos hace más propensas a convertirnos en la siguiente víctima.
Hay un uso político en el feminicidio para bien y para mal y ello aleja cada vez más a los gobiernos de la posibilidad de cumplir con su responsabilidad, ante un problema público que sin duda es el más grave de la agenda de este país.
Vaya, que hasta el presidente de Chile Gabriel Boric dijo ante el Senado mexicano en su pasada visita que en este país la cifra de feminicidios es brutal, realidad que las autoridades locales se niegan a reconocer.
Pero más allá de las cifras de mujeres con nombre y apellido, que dejan a su paso madres y padres de luto, hijos huérfanos, familias fragmentadas y sociedades dolidas, 2022 ha sido horrible porque cada segundo de cada día ha demostrado con hechos muy claros que a cada pequeño avance en materia de derechos, el sistema patriarcal asesta un duro golpe para recordar que no está dispuesto a ceder.
Luego de un inmenso cabildeo, la Ley Vicaria avanza, reconociendo en estatutos legales una de las formas de mayor vileza para doblegar mujeres a través de los hijos e hijas. Pero ello sucede ante el exponencial incremento de casos de jueces corruptos que aprovechan estos juicios para enriquecerse a costa de la desesperación de madres que con sacrificio hacen hasta lo imposible por quedarse con la custodia de sus menores, arrancándolos de padres violentadores pero con dinero, capaces de pagar las “mordidas” de un sistema judicial podrido.
Y ante el incremento de casos de mujeres atacadas con ácido para causarles un daño irreversible, en 2022 hubo que impulsar la Ley Ácida, porque este delito no puede ser sancionado de la misma manera que las lesiones por el nivel de dolo que implica, evidenciando la magnitud del odio hacia las víctimas mujeres.
Aunque tenemos ya un avance significativo en protocolos contra acoso y hostigamiento sexual y laboral, los casos de acosadores protegidos por instituciones laborales o escolares -que parece que están dispuestas a defenderles a toda costa, no entendiendo que su deber es privilegiar la seguridad de las víctimas y dejar de revictimizarles- es tal, que siguen proliferando tendederos de denuncias y pintas exhibiendo las omisiones que les siguen permitiendo ejercer su poder a través de esas violencias. Como dato que ilustra este hecho, cifras oficiales de la Contraloría del Estado de Veracruz revelaron que de 200 denuncias de acoso que han recibido en 2022, solo han resuelto 20, lo que sin duda es una radiografía del desdén.
Pero ¿cómo avanzar cuando el poder público no está ni medianamente comprometido con la agenda de las mujeres? En el Congreso de Veracruz –la segunda Legislatura paritaria en el Poder Legislativo veracruzano– no se ha aprobado una sola ley en beneficio de las mujeres y encima de eso, se negaron siquiera a listar la Ley Monse, que permitiría atacar las redes consanguíneas de protección a agresores. En realidad no ha aprobado prácticamente nada, salvo las iniciativas turnadas por parte del Ejecutivo estatal. ¡Ah, pero eso sí! Las diputadas de Morena se unieron para firmar un desplegado en apoyo al secretario violentador de mujeres, como si al patriarcado le hiciera falta que las mujeres lo defiendan.
Así una revisión breve del ámbito estatal, lo que tristemente no es la excepción sino la regla.
Cerramos año con la aprobación “mayoriteada” del epítome de la ignorancia: una ley que una vez aprobada en la Cámara de Diputados, su propio autor –el Ejecutivo federal– reconoció que estaba plagada de errores y aun así fue aprobada en la de Senadores, significando graves retrocesos al avance de la paridad que apenas estamos celebrando, cuando ya nos empieza a ser arrebatada.
Impedirle a un presunto violador ser gobernador como sucedió en 2021 no volverá a ocurrir, porque sus camaradas se acaban de encargar de que esas “minucias” no se lo vuelvan a impedir, entre otras gravedades del texto que acaba de ser aprobado y que está muy lejos de ser la reforma electoral que nuestra democracia necesita.
Annus horribilis este 2022 para la mujeres, porque no puede llamarse de otra manera a uno en el que sistemáticamente se ha violentado a mujeres y niñas cada vez más pequeñitas, creciendo en forma desproporcionada además la desaparición forzada, la trata, la explotación, el narco-crimen que prolifera ante la mirada cómplice, por omisión, de un Estado que prefiere escamotear los números de las muertas, que ponerse a trabajar.
Un logro a reconocer, sí, en este año que termina. Las mujeres, nosotras desde nuestra realidad, robándole tiempos al descanso, a la convivencia familiar, dinero al gasto cada vez más escaso, nos seguimos organizando, nos seguimos acuerpando, nos seguimos defendiendo, porque sin duda hemos aprendido que “el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas” y las redes de mujeres estamos aquí para ser las manos que ayuden a las buscadoras, la contención a las víctimas y la defensa de las desposeídas.
Respiremos hondo compañeras, que el 2023 nos necesita unidas.