Hace un par de semanas, recibí una llamada. Me pedían ponerme en contacto con una persona para, a través de ella misma, conocer del caso de una mujer gravemente herida a la cual se me pedía intentar ayudar. Busqué a mi contacto quien aún con voz entrecortada me relató los hechos: una joven mujer indígena, madre de tres niños pequeños, fue atacada a machetazos por su vecino, quien “le tenía cantado” que la tomaría a la buena o a la mala y luego “se pelaría” a Estados Unidos.

Evidentemente lo hizo.

Ella tenía en su cuerpo y su cara 12 heridas que el machete le provocó, más una adicional en el cuello que era diferente porque el corte no era vertical sino hacia dentro. Su agresor trató de enterrarle el arma en el cuello para matarla.

Sus vecinos la encontraron tirada, inconsciente en el campo al día siguiente y la llevaron al hospital. Ahí por protocolo se dio aviso a la Fiscalía, que envió a los ministeriales a tomar registro del caso porque ella estaba tan herida, que no podía ni siquiera hablar. La herida del cuello casi le corta la lengua.

Ofrecí acercarle atención psicológica pero el hospital ya se la había brindado. Y ofrecí también dar seguimiento en la parte legal pero ella no ratificó la denuncia, ni en ese momento ni ahora.

El más profundo de los miedos, ése que cala los huesos y recorre todo el cuerpo es el que debe haber acompañado a esta mujer a vivir el acecho permanente de un sujeto que la acosaba y que ya había proferido su amenaza vil; y es también el que debe haber sentido al momento de ser atacada. Trece machetazos intentando matarla solo para saciar la sed de poseer su cuerpo. Trece machetazos y quedar inerte a la intemperie, esperando que la muerte al fin llegue y concluya lo que el agresor no alcanzó a hacer y despertar después, milagrosamente viva, sabiendo que ese hombre que conoce tu casa, a tus hijos, al resto de tu familia, ha huido y quizá podría volver para hacer lo que no pudo: violarte o terminar de matarte.

Ella no denunció y entonces la ley no puede ayudarla, porque además en su comunidad este tipo de prácticas son dolorosamente comunes y las mujeres lo saben. Muchas se resignan a que la violencia sea una forma de vida.

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Ella es síndica. Resultó electa al ir en la planilla del candidato ganador quien, como la ley lo establece, debía tener encabezando el cuerpo edilicio a una mujer para garantizar paridad en la integración del Cabildo.

Nadie de ellos tenía experiencia política, sino que arribaron a la misma en el proyecto soñado, ése que iluminó de esperanza clamando un cambio ante una clase política que acumuló poder y dinero a costa del pueblo.

Desde que llegaron, al presidente municipal le deslumbró el poder y el dinero, por lo que empezó con malos manejos. Como la ley establece que necesita la firma de la síndica para autorizar las cuentas públicas, comenzó el acoso.

Sabiendo ella que su firma la haría responsable, se negó a hacerlo, así que él le retuvo el salario y empezaron las amenazas.

Ella acudió a todos quienes pudo: a su partido, a las instituciones mediadoras, al Congreso, a las instancias de mujeres. Nadie podía realmente intervenir sin denuncias de por medio.

Era claro que ella tenía poco respaldo político y quizá también poca pericia, pero sí una gran persistencia que permitió hallar salida para su caso.

Dos años después de que el suplicio comenzara, las reformas legales alcanzadas en 2020 permitieron que el Tribunal Electoral fallara en su favor, reconociendo violencia política de parte del alcalde, que está obligado a pagarle todos los honorarios que le adeuda y a ordenarle el cese del bloqueo político que desde que llegaron al ayuntamiento viene cometiendo en su contra.

Por fortuna, ella logró justicia cuando aún es tiempo. Pero no es la única edil veracruzana en esa situación.

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Ella es una joven estudiante universitaria. Un buen día, su computadora se descompuso y le pidió a un amigo de la escuela, hábil con las máquinas, que la revisara.

Resulta que el compañero curioseó sin permiso en el contenido digital de la computadora de la chica y extrajo indebidamente material íntimo de ella. Pero además de sustraerlo, comenzó a compartirlo entre la misma comunidad estudiantil a la que ambos pertenecen.

Al enterarse, la joven interpuso un recurso de inconformidad en su escuela pero la pandemia retrasó varios meses la revisión del caso. Hasta que hace unos días un Consejo de profesores de su facultad lo revisó y determinó suspender al responsable de este hecho ¡durante un semestre!, para que luego del “castigo” retorne a su vida académica, como si no hubiera pasado nada.

Son mucho más comunes de lo que uno quisiera las distintas violencias que contra las mujeres se viven en el ámbito universitario. Quizá la más recurrente sea el acoso. Pero este caso en particular entra al terreno no solo de una conducta indeseable, sino que se trata de la comisión de un delito que en el estado de Veracruz está tipificado como violencia digital y que puede llegar a alcanzar de cuatro a ocho años de cárcel. Así que con la decisión adoptada por el cuerpo de profesores en realidad lo que están haciendo es proteger a un delincuente.

Entiendo que parte de la razón por la que se arribó a la “salomónica” decisión de solo suspenderlo temporalmente tiene que ver con el hecho de que el joven está a punto de egresar, por lo que hay dos preguntas que plantearse en forma clara: ¿por qué los derechos de él son superiores a los derechos de ella y entonces pensando en protegerlo a él y no a ella, los profesores tomaron esta decisión? Y la segunda es, ¿qué valores éticos son los que tiene ese profesorado, esa facultad y esa Universidad con la sociedad, para tomar una decisión así y prácticamente permitir que egrese y sirva a la sociedad…un delincuente?

Y la chica, ¿qué pasa con ella, dónde quedan sus derechos, su integridad dañada? ¿Quién le repara el daño?

En materia de violencia, no hay quien mate poquito, quien dañe solo parcialmente o quien destruya a medias. La vida de la mujer indígena que sobrevivió al intento de feminicidio jamás volverá a ser la misma; ni la violencia política contra la síndica será la última que se cometa en la entidad; ni esta universitaria será la última víctima de violencia digital.

¿Cuándo comenzaremos a tomárnoslo en serio?

El combate a la violencia contra las mujeres comienza aquí y ahora.

@MonicaMendozaM