Este lunes 7 de septiembre dio inicio de manera oficial el proceso electoral federal 2020-2021, que ha sido calificado como el más grande en la historia mexicana tanto por el tamaño del padrón registrado, que está conformado por cerca de 95 millones de personas, como por el número de cargos que estarán en disputa.

Será ésta una elección concurrente en la que convergerán 15 procesos para la renovación de gubernaturas, 32 entidades con procesos electorales locales –entre presidencias municipales y diputaciones locales- y la renovación de la Cámara de Diputados. Esto hace un total de 25 mil cargos a elegir.

Lo que está en disputa no son tan solo nombres de entre una larga lista de personas que aspiran a un cargo de elección popular. En primer lugar, lo que habrá de definirse es si la confianza que multitudinariamente fue expresada en las urnas en 2018, confiriéndole a un solo partido absolutamente todo el poder, será refrendada o no, lo que no tan solo evaluará al partido que lo ejerce, sino que será la más clara de las mediciones de un gobierno que para el día de la elección estará cumpliendo prácticamente la mitad de su mandato y que, al menos hasta el día de hoy, tiene una enorme asignatura pendiente en los temas relacionados con las mujeres mexicanas, quienes podrían sin duda alguna cobrar la factura de la serie de omisiones en las que desde el gobierno federal se ha incurrido sistemáticamente hacia todo aquello que las tenga como destinatarias.

Un voto en favor de las candidaturas de Morena haría posible conservar la mayoría que hoy tienen en la Cámara de Diputados y le permitiría al presidente continuar con holgura con su proyecto sexenal, margen que –en caso de obtenerse en el plano local- también daría certidumbre a quienes ganen por su partido gubernaturas y tengan mayoría en sus congresos locales.

Es posible afirmar que de ello dependerá realmente la concreción de los planes presidenciales y la consolidación de su proyecto, ante lo que es indispensable remarcar que no hay ni habrá ninguna transformación que no incluya a las mujeres.

Aun cuando el apabullante triunfo de Morena en 2018 y la serie de reformas realizadas desde los congresos federal y locales se han ocupado de diezmar todavía más la presencia de los partidos –en especial los de oposición-, éstos siguen existiendo porque en el Sistema Político Mexicano son los vehículos para acceder al poder. Sin embargo, hay una serie de aspectos que no es posible pasar por alto, como la disminuida participación ciudadana en los procesos electorales anteriores –con excepción del de 2018–, lo que es clara evidencia de la falta de interés de los electores en los procesos electorales en sí mismos y en los partidos políticos, instituciones que sufren una pérdida de legitimidad y de confianza muy considerable.

Es increíble que ante esa evidencia, la autoridad electoral haya decidido otorgar su reconocimiento a un nuevo partido político –como si hicieran falta más–. Y mucho más grave aún y preocupante para la agenda de las mujeres es que ese partido sea el “remake” del PES, agrupación política de la ultraderecha que ha buscado a toda costa introducir una agenda anti derechos en los congresos federal y locales, atentando contra los derechos humanos fundamentales.

Esto nos lleva al siguiente aspecto que sin duda estará también en juego en esta contienda: el dinero. Y es que si bien los recursos destinados a las elecciones son  de alguna manera “el costo de la democracia”[1], existe toda una industria en torno de las campañas y los procesos electorales que, ante las actuales condiciones económicas del país que tienen en la precariedad a un número elevado de personas, resulta no tan solo onerosa sino desproporcionada, lo que debe llevar a que la fiscalización de los recursos con los que se hace campaña y se opera el día de la elección sean verdaderamente transparentados. Cualquier dispendio será altamente sancionado por la propia ciudadanía que hoy está en la pobreza y el desempleo.

Si a ello sumamos el reto de hacer campaña en pandemia, encontraremos que los partidos deberán ser mucho más creativos y desarrollar sistemas de comunicación política y de estrategia electoral mucho más innovadores, que permitan que las propuestas sean conocidas sin implicar grandes concentraciones ni desplazamientos de militantes y que, además, ello no signifique hacer campaña solo para las élites que tienen internet y computadora, aspecto en el que por cierto, se sitúa a las mujeres como las más afectadas por la brecha digital.

Finalmente, el mayor de los retos: éste será el primer proceso electoral en donde además de ser obligatorio cumplir con la paridad, habrá un nuevo andamiaje legal para hacer frente a la violencia política de género. A reserva de ahondar en ello en la siguiente columna para desmenuzar los aspectos de estas nuevas normativas, es indispensable señalar que será indispensable contar con un ejército ciudadano para identificar las múltiples violencias que se cometan desde todos los espacios existentes: desde los partidistas –donde ya urge dejar de esconder las violencias con velos de impunidad– hasta los mediáticos y los virtuales.

Hoy se cuenta con observatorios de violencia política en todas las entidades de la República, pero es casi un hecho que no se darán abasto. Por ello universidades, organizaciones civiles y todo tipo de organizaciones deberán ejercer su compromiso ciudadano y organizarse para dar transparencia a todo el proceso y detectar todos aquellos comportamientos que resulten constitutivos de violencias.

La democracia bien vale ese gran esfuerzo, pues quienes gozaremos o sufriremos de elecciones no legitimadas, seremos nosotros. Y las mujeres nunca más guardaremos silencio, ni cederemos nuestro lugar, ganado con la sangre de nuestras ancestras.

[1]  Woldenberg, J. (2015). Disponible en https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=309