Los cambios geopolíticos de la última parte del siglo pasado, aunados a las modificaciones profundas gestadas al interior del modelo de Estado que se agotó en la forma en que era concebido, dio lugar a que la ciencia política incorporara una forma de concebir la nueva relación entre las fuerzas intervinientes en la vida pública para tratar de alcanzar con ello el equilibrio perdido por los vaivenes vividos a nivel global, sobretodo a partir de la postguerra.

Así es como la gobernanza comienza a ser incorporada a la práctica política, primero en la administración pública y luego a prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano y consiste en incorporar a la sociedad civil a las decisiones públicas que antes eran adoptadas en forma exclusiva por los gobiernos, buscando sumar también al sector económico para así legitimar la acción pública.

Si bien es un modelo que ha funcionado muy bien en Europa y Estados Unidos, Latinoamérica y México ni son ajenos a ella ni deben serlo, pese a las propias inercias que el sistema político tan totalitario que hemos heredado busca ejercer, no cediendo el control de la toma de las decisiones porque en ello radica su autoridad y su poder, lo que encuentra un punto de choque con este enfoque co-participativo, dialogante, de decisiones consensuadas en forma más horizontal.

En el momento que estamos viviendo, donde claramente la magnitud de las problemáticas supera los alcances de la acción gubernamental tanto por la complejidad de su abordaje, como por la incapacidad del aparato burocrático que ni antes ni ahora ha sido capaz de ejecutar en forma adecuada políticas públicas que atiendan las múltiples realidades a que la ciudadanía se enfrenta, hoy no es posible tratar de encontrar ni ejecutar ninguna acción, si esta no incluye la participación de la sociedad civil.

Así pues, ni el Ejecutivo ni el Legislativo y tampoco el Judicial son Poderes que puedan ejercer su función omitiendo la voz de los colectivos, redes, agrupaciones, organizaciones y asociaciones civiles que son quienes viven en forma directa los impactos de las realidades específicas que les da origen y sentido, transformando sus objetivos en causas a las que algunas veces dedican la vida.

Pero la gobernanza no significa un ejercicio unidireccional en el cual desde el poder público se escuche y se conozcan las peticiones formuladas por la sociedad civil. Ese es en todo caso el deber de quienes desde la función pública buscan ejercer la representación para la cual fueron electos. Gobernanza es hacer de ese proceso un ejercicio de ida y vuelta, en donde ambos sectores suman esfuerzos para el logro de un fin común.

Para el feminismo la gobernanza es una hermana de lucha, una llave que abre puertas para lograr concretar los cambios que necesitamos.

Sabemos que el patriarcado ejerce todas las resistencias posibles para evitar compartir el poder y así lo ha demostrado muy claramente ante cada avance que las mujeres hemos alcanzado: por eso las mujeres fuimos las principales victimas de la Inquisición, por eso nos quemaron llamándonos brujas, por eso también nos tardamos tanto en obtener y reconocer nuestros derechos políticos, por eso es que no tan solo nos matan sino que pretenden que lo olvidemos.

Esos altos costo que hemos tenido que pagar y que pagamos, son la cuota por irrumpir en el espacio público cuando ellos dispusieron que el nuestro era el ámbito privado. Hoy que estamos en todos lados destacando, seguimos sin quitar el dedo del renglón porque la batalla jamás ha sido ni la de solo ocupar posiciones por el simple hecho de hacerlo, ni tampoco la de sustituir a los hombres que antes ocupaban tales lugares. Nosotras llegamos a cada espacio en primer lugar, gracias a la lucha que nuestras ancestras emprendieron para que hoy podamos ser futbolistas, astronautas o diputadas; y en segundo, para que con nuestra presencia en cada espacio, podamos impulsar mejoras a la calidad de vida de las otras mujeres que siguen siendo violentadas, discriminadas y que viven en condiciones de desigualdad.

Esa es la agenda que nos interesa impulsar en todos los ámbitos de acción y no podemos hacerlo solas. Tenemos que sumar esfuerzos.

Hace unos días en el Congreso del Estado de Veracruz – el primero que es paritario en la historia del legislativo veracruzano – se realizó la Mesa de trabajo “Agenda legislativa de género: Avances y oportunidades” convocada por el Centro de Estudios para la igualdad de Género y Derechos Humanos, para dar seguimiento a la Agenda Legislativa que colectivos y organizaciones feministas entregaron a las Diputadas en el arranque de esta legislatura.

Aún cuando cada diputada ha hecho su propio esfuerzo por impulsar temas relacionados con las mujeres, esta agenda ha tenido poco avance por lo que su revisión se presentó como oportuna, pues todavía queda un año de trabajo legislativo antes de que concluya. A estas alturas cada diputada sabrá ya que presentar sus Iniciativas no es un proceso fácil y menos aún, que su trabajo sea dictaminado y aprobado. Para ello se requiere si una profunda labor de cabildeo político y legislativo, que puede ser fortalecida si se hace de la mano de la sociedad civil, quienes lo que buscan es que las propuestas estén fundamentadas en las necesidades reales que vive la población y no solo en beneficios partidistas o de grupos.

Es ahí donde trabajar con agendas conjuntas, respaldadas por la sociedad civil y uniéndose más allá de los grupos partidistas sino como una bancada de mujeres, puede llegar a hacer la diferencia. Para ello es necesario entender el papel histórico que se desempeña y la necesidad única de construir consensos y ganar legitimidad. Y ante ello, la gobernanza puede ser el único camino posible.