El derecho a la vida y a la libertad, son derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen la dignidad intrínseca de todo ser humano. Constitucionalmente México protege el derecho de todo individuo a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. En la práctica cotidiana, la función de las instituciones públicas sigue fallando en sus estrategias y compromisos para hacer garantes los derechos de la ciudadanía.
En medio de la desigualdad económica que vive nuestro país, la falta de oportunidades laborales, de acceso a la salud, la educación, y la vivienda; los índices de violencia siguen aumentando, y con ello, las desigualdades de género siguen escribiendo estadísticas diferenciadas de violencias propias hacia el sexo femenino y que afectan gravemente la dinámica social de todas las familias. Los feminicidios, y los distintos tipos de violencia sexual como la violación, siguen aumentando de manera “naturalizada”.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, durante 2017 se recibieron un total de 663 expedientes en los distintos Ministerios Públicos del Estado de Sonora sobre violencia sexual (casos de abuso sexual a menores, acoso sexual, hostigamiento sexual, y violaciones sexuales) Esto es, solo casos denunciados por las víctimas.
En el caso de la violencia extrema contra las mujeres, en el país el SESNSP indicó que hubo un incremento del 72% en los feminicidios de entre 2015 y 2017. Cajeme, municipio de Sonora al cual le fue negada la Alerta de Violencia de Género en 2017, se posicionó en tercer lugar en la lista de municipios con mayor índice de este delito a nivel nacional.
Es importante acentuar que todos los tipos de violencia sexual constituyen graves problemas que afectan en mayor número a las Mujeres. Esto no se trata de un suceso casual, es resultado de las desigualdades y las políticas que sigue sin reconocer y activar medidas urgentes para proteger la vida en integridad de las mujeres y niñas; así como de prevenir, atender y sancionar la violencia de género, y trabajar de manera articulada para reconstruir un sistema patriarcal que educa y sigue generando desigualdades y violencias a través de la cultura.
Podemos constatar a través de discursos públicos y en las prácticas diarias de quienes nos gobiernan, tolerancia y permisividad a la violencia contra las mujeres. Ejemplos sobran, como lo dicho por un Alcalde en Malaga, España: “En España hay más de mil violaciones de mujeres , y no se puede poner a un policía de tras de cada ciudadano”; o el tan sonado “…las leyes son como las mujeres, están para violarlas” dicho por el Ex presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior de España.
El caso del gobernador de Nuevo León, quien busca una candidatura independiente para ser Presidente de nuestro país, es un ejemplo notable en donde a través del poder se puede generar permisividad y promover la violencia. “El Bronco” ha justificado públicamente el castigo corporal en la niñez como una forma de educar; también a trivializado la desaparición forzada de mujeres con el supuesto: “por qué se va con el novio”.
De acuerdo al sociólogo Piere Boudieu, la cultura es todo aquello que compete al ámbito humano, todo lo que se adquiere, construye y transmite por medio de la socialización, y la cual constituye la base de las identidades, de las representaciones sociales, de las conductas y hábitos.
Buscar replantearnos las dinámicas sociales a partir del comportamiento masivo e individualizados, permite construir un verdadero parámetro para estudiar las raíces en que se consolidan cierta culturas o comportamientos. Ante esto, cualquier tomador, tomadora de decisiones se enfrenta ante la incertidumbre de si es posible transformar formas de vida que han sido aprendidas y consolidadas a través del tiempo. La respuesta siempre será un SI. Pues los hábitos son resultado de las repeticiones e interiorizaciones de lo aprendido, lo legitimado a través de la identidad, de lo que reconocemos en las otras personas.
La cultura puede ser transformada a través de la reeducación sistemática, del diseño y aplicación de políticas basadas en el conocimiento de la problemáticas, de diagnósticos que describan datos duros diferenciados de lo que afecta a la sociedad, interpretaciones de expertas y expertos que planteen los por qué, e hipótesis y propuestas que permitan una política exitosa.
Como todo proceso enfocado a cambiar pautas sociales, se requiere de toma de decisiones articuladas y sustentadas en trabajos interdisciplinarios y estrategias transversales de las distintas instituciones.
El trabajo legislativo debe constituirse como esa base sólida que sustente toda política pública. El margen de la legalidad que dirige el estado de derecho es el que debe marcar la pauta para la implantación de programas gubernamentales y de las políticas para combatir los grandes problemas sociales como lo es la violencia contra las mujeres.
Debemos cambiar ya y de manera urgente la idea de que la violencia contra las mujeres por razón de género, es un tema de mujeres. Poner fin a las desigualdades que provocan las violencias es una obligación de todos gobiernos, y una responsabilidad de todas y todos. Vivir libres de violencia es un derecho.
Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Octubre 2018 www.mujerypoder.com.mx

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.