Muchos de los grandes problemas de la humanidad se generan por la lucha que se establecer por tener “poder por poder”. El quehacer político se desvirtúa cuando su objetivo primario no se enfoca al bien común, es decir, cuando la toma de decisiones no se realiza de manera consensuada, con propósitos de gestionar los activos del estado para el desarrollo y el bienestar de la población.
La profesionalización de los recursos humanos en el sector público, ha sido un tema pendiente en la agenda pública. Y sin embargo, el capital humano y la efectividad de las instituciones constituyen las bases para promover una mejor respuesta de los gobiernos a las demandas de la sociedad.
De poco sirven las agendas de reforma y las acciones de los gobiernos, si estas no se sustentan en una base estratégica diseñada, ejecutada y evaluada por un capital humano de competencia, profesional y apegado a los derechos humanos.
En nuestro país, por ejemplo, se han ejecutado de 1990 a 2015 distintos programas de gobierno a nivel federal para el combate a la pobreza, programas como Solidaridad, Progresa, Oportunidades, y Prospera, que no han logrado disminuir a través de sus acciones los niveles de pobreza en el país, ni mucho menos, han mejorado la calidad de vida de las y los mexicanos.
No todo es tema de presupuestos, como se justifican en gran medida los fracasos gubernamentales. De acuerdo con datos del Coneval, en México se han invertido en las últimas cinco administraciones federales la cantidad de 824 mil 996.96 millones de pesos a través de los programas de desarrollo social, y más de 3 billones de pesos en total considerando además inversión en subsidios y apoyos que se han compaginado con dichos programas gubernamentales.
En los últimos siete años, por otro lado, el presupuesto asignado para labores de seguridad en el país subió en un 61%. Sin embargo, México es considerado como uno de los países más violentos con una tasa de homicidios del 15.7, de acuerdo con Laboratorio de Políticas Públicas (Ethos).

Las estrategias de combate a la pobreza y a la inseguridad han fracasado por la misma razón por la que fracasan el resto de políticas públicas en el país, por la falta de diagnósticos acertado de la problemática nacional, y la ausencia en la profesionalización de las instituciones gubernamentales.

La falta de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, es otro detonante para el aumento de las violencias y los fracasos en materia de desarrollo social. En la actualidad, las instituciones gubernamentales se encuentran diseñando estrategias para cumplir con metas asignadas y ejecutar presupuestos irrisorios para lo concerniente al “tema de mujeres”, sin reconocer que las mujeres no solo son más de la mita de la población nacional, si no que constituyen parte fundamental en el desarrollo económico y social de toda la población.
En este sentido, abordar la lucha por los derechos de las mujeres, como algo segmentado desde los gobiernos, banaliza las estrategias y agudiza todas las problemáticas sociales que de ahí se generan.
En los últimos tres años en Sonora se ha mantenido una tendencia a la alza en el delito de violación sexual contra mujeres. En 2017 los delitos sexuales en el Estado aumentaron 59.54% con respecto a 2015, de acuerdo a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin contemplar los casos no denunciados.
Estos datos evidencian la tolerancia a la violencia, la desarticulación de acciones públicas para prevenir la violencia, y en consecuencia la falta de interés en erradicar la violencia. Un problema latente y en crecimiento y que pone en peligro la vida en integridad de las mujeres e impacta en gran medida en todo su entorno social.
En Sonora la agenda pública se sigue escribiendo por la acción de la sociedad civil organizada, que hace visible los procesos inacabados en materia de legislación y políticas públicas, así como el aumento en la desigualdad social, la inseguridad y las violencias. Son las organizaciones civiles quienes evidencian la falta de estrategias públicas a través de la convocatoria a foros de debate y reflexión que mucho ayudarían al funcionariado en turno a establecer estrategias eficaces para enfrentar los distintos problemas que afectan a la entidad.
En Sonora, como en todo el país sigue haciendo falta voluntad, compromiso y profesionalización del sector público para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Sigue haciendo falta darle el verdadero valor a la política.

Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Enero 2018 www.mujerypoder.com.mx
Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.