La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad con el derecho a la protección del Estado, pues constituye el grupo social elemental en el que la mayoría de la población se organiza para satisfacer las necesidades más esenciales como son: comer, dormir, alimentarse, etc. Además, constituye el ámbito en el cual los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto donde se construye su identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización.
En México, nuestra Constitución Política establece en su Art. 4 el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud; y a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Así mismo, establece el deber de los padres a preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Sin embargo, en la realidad del día a día resulta contrastante la falta de políticas públicas que garanticen la vida digna de estas personas en su conjunto o individualmente.
La familia en México representa la institución con mayor demanda de obligaciones al considerarse como el núcleo de formación primaria; y sin embargo, de acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) las niñas, niños y adolescentes, se ven afectados de manera desproporcionada en su formación por la pobreza y la privación de sus derechos básicos en nuestro país.
La violencia, drogadicción, el Bullying, entre otros comportamientos que ponen en peligro la vida, seguridad e integridad de las personas, se atribuyen con gran facilidad a las fallas en la formación nuclear de las personas. Pero es aquí donde cabe cuestionarnos sobre las garantías que permiten la existencia y evolución de las familias en nuestro país.
En México, Unicef estima que de cada 100 niños que ingresan a la primaria, 57 no logran permanecer en el sistema educativo. Estamos hablando de que 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad de cursar preescolar, primarias secundaria y bachillerato están fuera de la escuela. A esto se suma que poco más de 640 mil están en riesgos de abandonar las aulas por distintas deficiencias en las políticas públicas de desarrollo.
Por otro lado, en el área laboral no tenemos un panorama alentador. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de cada 10 mexicanos, solo 2 no son pobres y no están en la línea de la vulnerabilidad. Significa que el 80% de la población mexicana vive (o sobrevive) en la línea de pobreza y la vulnerabilidad.
México reporta también, una “situación complicada y preocupante” en materia laboral, pues los salarios cayeron significativamente de 2007 a 2015 y la tasa de empleo no ha recuperado los niveles que reportó antes de la crisis de 2008, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En materia de equidad de género, persisten las brechas en la distribución de empleo doméstico y de cuidado no remunerado, en la calidad del empleo, el ingreso, la condición de pobreza y en la formación laboral y la educación media, en perjuicio para las mujeres.
Y entonces, si la ausencia de políticas públicas que por Ley deberían garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todo individuo, tiene al país sumergido en la pobreza, ¿cómo es que podemos exigirle tanto a esta institución, la asertividad en la “buena educación” de las y los mexicanos?
La realidad es que las familias son la institución más vulnerada en nuestro país, y a su vez la institución a la que se le exige con mayor énfasis la formación de ciudadanía ejemplar.
Reflexionemos a profundidad sobre las asignaturas pendientes que los gobiernos tienen para con la ciudadanía, y reconsideremos la empatía para los millones de mexicanos y mexicanas que viven en la línea de la pobreza sin oportunidad de disfrutar en la cotidianidad, de lo elemental para vivir: salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público; aún de que tengan el derecho de tenerlo.
Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en la columna Observatorios Urbanos, Periódico Tribuna. 8 de octubre 2016

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.