El Códice Tonalámatl de Aubin, un calendario de origen nahua utilizado por sacerdotes en rituales de adivinación, fue la causa de una disputa diplomática entre Francia y México, cuando en 1982, un hombre llamado José Luis Castañeda se lo llevó de la Biblioteca Nacional de París para traerlo a nuestro territorio.

Aunque el robo fue denunciado por el gobierno francés, Castañeda quedó libre luego de entregar el manuscrito a las autoridades mexicanas, para quienes no se acreditó el delito, pues determinaron que su sustracción ilegal ya había ocurrido al trasladarlo al extranjero, siendo que pertenecía a nuestro país.

Después de 12 años, ambas naciones acordaron que el códice permaneciera en custodia de México, a través del Museo Nacional de Antropología e Historia, y aún se continúan acordando las condiciones para que pueda quedarse definitivamente.

A pesar de lo controversial del caso, es innegable de que se trataba de un bien que era parte de nuestra identidad, y sin duda su restitución fue un logro.

Como lo reconocen diversas organizaciones internacionales, la preservación y aprovechamiento de este tipo de archivos que registran sucesos transcendentales, la evolución de las culturas, y la comprensión que, como humanidad, tenemos del mundo, es clave para conocer nuestra historia; para adquirir conocimientos; para afianzar libertades y derechos; y para promover el diálogo, la paz y el desarrollo.

Desafortunadamente, en nuestra región latinoamericana, el tráfico ilícito de documentos es una constante preocupación para las instituciones encargadas de su resguardo, por lo lucrativo que resulta, dada la riqueza que representa.

Según una publicación de la UNESCO, de 2013, el negocio ilegal de bienes culturales, incluyendo aquellos documentales, en ese año, tenía un valor de 60 mil millones de dólares, y ocupaba el tercer lugar después del mercado de drogas y de armas.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación, en México, la facilidad con la que pueden “hacerse perdedizos” estos registros; las fallas en su identificación, catalogación o conservación; así como las trabas administrativas para recuperarlos, son algunos de los retos que hay en relación con este tema.

Para garantizar su protección y consulta, es fundamental tener inventarios actualizados y completos; contar con medidas para su control y monitoreo; implementar protocolos de actuación eficaces y coordinados entre las instancias competentes, para prevenir que sean hurtados, mutilados o destruidos; y, además, crear conciencia social sobre su relevancia.

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, 9 de junio, y a cuatro años de vigencia de la Ley General de Archivos mexicana, publicada el 15 de junio, como gobierno y sociedad es nuestra labor cuidar nuestro patrimonio documental, único e insustituible, que es base de nuestra memoria colectiva, y que será parte de la herencia que habremos de dejar a las generaciones que ya construyen nuestro presente.

Fuente:

"Patrimonio documental como base de nuestra memoria", el Heraldo de México, a 06 de junio de 2023, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2023/6/6/patrimonio-document...