Sabemos bien que el sistema patriarcal es el responsable del patrón de la violencia hacia las mujeres como forma de sometimiento para evidenciar el control que supone el ejercicio del poder; sin embargo esa certeza no es suficiente para lograr erradicarla.
Innegable es que nunca tuvimos tantos derechos como ahora, y por eso es que hoy los resabios lacerantes de ese patriarcado buscan escatimar hasta el extremo de lo posible, cada logro que pueda significar seguir derrocando un añejo sistema que se niega a perecer.
El momento político es de indiscutible relevancia. En México iremos al tercer proceso electoral federal desde que la paridad se llevó a la Constitución, pero al primero en que la Paridad Total lograda en 2019 sea puesta en práctica.
Imposible llegar a esta coyuntura sin un blindaje que proteja a cada mujer que va a la contienda. Por eso el que ésta sea también la primera elección en la que las reformas en materia de Violencia Política en razón de género se aplican, la convierte en sí misma en una contienda histórica.
Así pues de los 21 mil 368 cargos que están ya en disputa, la mitad de todos ellos son para mujeres, ecuación ante la que la lógica patriarcal es muy simplista: estos son cargos que les deberían de corresponder a los hombres y que al obligar a los partidos a postular mujeres se les están arrebatando posiciones que les corresponden.
Ante tal certeza, los partidos todos acuden a todas las formas posibles de cooptación de derechos políticos y añade a sus viejos esquemas de vejación de derechos políticos, nuevas modalidades que sofistican el mismo principio de discriminación.
Si bien el condicionamiento de recursos para la campaña, el otorgamiento de candidaturas en distritos perdedores, la selección de mujeres sin trayectoria partidista o liderazgo local, la complicación de trámites para dificultar sus registros y otros tantos subterfugios más son añejas prácticas conocidas que se han aderezado por los epítetos de la peor práctica política que pueda existir, hoy día esas mismas intensiones se llevan a cabo con métodos que incorporan a la misoginia institucional la tecnología digital, emprendiendo campañas de ataque a través de las redes sociales, ejerciendo el odio o acosando masivamente a aquellas mujeres que deciden participar por un cargo público, exhibiendo a partir de ese momento sus vidas privadas como parte del costo por tal osadía.
La violencia política muy lamentablemente ha sido el costo a pagar por decidir aspirar a un cargo público y pretender tener una representación política, haciéndolo ver como si fuera un precio implícito cuando el ejercicio de nuestros derechos políticos es una garantía que legítimamente nos corresponde.
La peligrosa combinación de ignorancia más machismo se convierte en un foco potencial de atención en un México que necesita traducir la equidad en igualdad.
Por eso no en aras de la paridad, no se trata de llevar a cualquier mujer a la planilla, a la candidatura, a la postulación. Una mujer sin agenda de mujeres es tanto como seguir teniendo a puros hombres en todos los escaños de un Congreso. Si no se traduce en más derechos para una mejor calidad de vida, entonces no sirve.
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