Pareciera sencillo, pero no lo fue.
A las mujeres mexicanas les tomó casi 40 años lograr que les fuera reconocido el derecho a votar y a ser votadas.
Fue la gran Hermila Galindo la pionera en abrir camino en el ámbito político. Periodista, encendía polémicas relevantes en temas de educación. Luego, fue secretaria de Carranza y ahí fuimpulsó el primer derecho reconocido en México para las mujeres que fue el de la Ley del divorcio. Promovió y participó activamente en los dos Congresos feministas que fueron pólvora para un despertar de las mujeres a la exigencia de derechos que ya desde entonces era inaplazable.
Hermila fue también la primera mujer en postularse a un cargo de elección popular en 1918, aspirando a ser diputada federal por el entonces distrito 5 con sede en Coyoacán. Ella buscaba que se comenzara a visibilizar la presencia de mujeres en las campañas electorales para que un día elegir a otras fuera un acto normal, y aunque ganó, no pudo asumir el cargo pues eso aún no estaba legislado.
En 1923 Yucatán fue el primer estado de la República en tener diputadas locales, por lo que Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib se convirtieron en las primeras legisladoras en todo el país ante un vacío legal aprovechado por el entonces gobernador de aquel estado quién declaró que la Constitución no prohibía explícitamente el voto de la mujer.
Fue San Luis Potosí el estado pionero en reconocer formalmente el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, permitiendo que votaran “solo las mayores de edad, que sepan leer y escribir” considerando que solo podían ejercer ese derecho en las elecciones municipales.
Un dato histórico relevante es que en Yucatán asesinaron al gobernador Carrillo Puerto, lo que provocó un enorme clima de inestabilidad política que derivó en que las tres diputadas locales se separaran del cargo para salvar sus vidas. Entonces Elvia – hermana del ex gobernador fallecido – se mudó precisamente a San Luis Potosí y ahí continuó con su carrera política postulándose en 1925 como candidata a Diputada Federal por el Distrito IV con sede en aquel estado, repitiendo proeza en 1928, siendo que en ambas campañas fue violentada primero en sus derechos políticos y luego en su integridad física pues en la campaña del 25 pese a que obtuvo el triunfo, la autoridad potosina no expidió los documentos con los que se le reconocía y no pudo asumir el cargo; mientras que en la del 28 fue balaceada por el compañero de la fórmula opositora sin causarle daño, además de que nuevamente el Colegio Electoral se negó a reconocer su triunfo “porque solo se consideraba a los hombres como elegibles a cargos de elección popular”.
En 1925 Chiapas y Tabasco también legislaron para que las mujeres pudieran votar en el ámbito municipal.
Aunque estas entidades comenzaron a hacer los cambios legales – a diferencia de Yucatán que no modificó la ley sino que aprovechó un vacío legal para postularlas – la inclusión de mujeres en los cuerpos edilicios avanzó muy lentamente.
La primera mujer regidora fue Rosa Torres en 1922 en el ayuntamiento de Mérida y la primera mujer en gobernar localmente fue Aurora Meza Andraca quién el 1 de enero de 1936 tomó protesta como presidenta del Concejo Municipal de Chilpancingo, Guerrero.
El fuego estaba encendido. Las mujeres estaban organizadas en agrupaciones feministas y ejercían una enorme presión para que se reformara la Constitución y no se las excluyera más de la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y electorales.
En ese contexto ocurrió un episodio cargado de misoginia y de un poder autoritario que no es posible dejar de mencionar.
En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se solicitaba el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. La iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras, pero en la última fase del proceso legislativo no se hizo la declaratoria de Reforma Constitucional y jamás se publicó en el Diario Oficial, por lo que no entró en vigor. Todo fue un engaño. Se dice que la iglesia católica ejerció una fuerte presión y los hombres del poder consideraron un riesgo el que “las mujeres votaran en un sentido distinto al de sus maridos” y entonces la reforma se congeló.
Hay en la siguiente década una reforma de la que poco se habla pero que es de gran trascendencia. La impulsó Miguel Alemán en 1947 y a partir de ella se permitió a las mujeres mexicanas votar y ser votadas en elecciones municipales, lo cual dio paso a que más mujeres comenzaran a incursionar en ese ámbito, como es el caso de Gelasia Ceballos, indígena popoluca que fue la primera alcaldesa veracruzana en encabezar un gobierno local en Sayula de Alemán.
Durante la campaña electoral de Adolfo Ruíz Cortínez, se reunió con más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México y en ese acto cargado de simbolismo, se le hizo pública la exigencia de impulsar la reforma para que se aprobara el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas.
Ese mismo año la ONU dijo que un país no podía ser democrático, si las mujeres no tenían una ciudadanía plena.
La presión de las mujeres mexicanas y la de los organismos internacionales estaba en su punto máximo, cuando finalmente el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional contenida en el artículo 34 de nuestra Carta Magna en la que se reconoce la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, convirtiéndose así México en el 12º. país de América en legislar en la materia y en el 57º. en todo el mundo.
En estos tiempos donde la paridad es ley y el arribo de las mujeres a los cargos públicos se da en una forma más libre, me ha parecido un buen momento recordar lo enormemente difícil que fue lograr que se aprobara este derecho que abre las puertas a otros derechos, porque con él adquirimos la condición plena de ser ciudadanas.
72 años a partir de entonces son razón suficiente, para respondernos la pregunta de ¿para qué es que luchamos tanto por este derecho?
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