Como resultado de las reformas promulgadas a nivel federal en 2014 y aterrizadas en el ámbito estatal en abril pasado con la reforma al Art. 150A, donde se estipulan los preceptos de paridad política en los procesos electorales municipales, considerando un 50% de candidatas y 50% de candidatos en cada proceso electoral; así como en la conformación de planillas para los ayuntamientos; los partidos políticos, instituciones electorales, y la sociedad civil, nos encontramos en una transición de ideas y de mecanismos a implementar para salvaguardar el orden democrático y la correcta incorporación de las mujeres a las candidaturas locales de manera paritaria.

Estos avances que hemos aplaudido quienes reconocemos en ellos conquistas consolidadas en los ámbitos legislativos, y que contribuyen a legitimar los derechos fundamentales de todas las mujeres, representan la obviedad de un panorama histórico de desigualdades y violencia estructural que han desplazado a las mujeres y sus derechos, del ámbito de lo público y la toma de decisiones.

Pero no todo es evidente, existen aún debates un tanto “de calle”, por ponerle un nombre a lo informal, lo no institucionalizado; que siguen sin reconocer lo sustancial de estas reformas. Sin embargo, la paridad política no representa solo una coyuntura política, estos mecanismos vienen a evolucionar un sistema democrático donde por décadas, han dejado sin voz a más de la mitad de a quienes gobernado nuestro sistema político, las mujeres.

En una visión sumamente minimalista, la democracia en nuestro país consideró por muchos años a la mujer, no apta para decidir sobre sus gobernantes, y aunque en 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular, se ha documentado ampliamente las limitantes a las que se han tenido que enfrentar para a ejercer sus derechos a ser candidatas.

Debemos reconocer que este proceso de paridad viene a afinar lo que ya desde hace décadas grandes luchadoras lograron, pero que en hecho no se había concretado por distintas condiciones y connotaciones que representa el poder patriarcal, y esa brecha tan enorme que hoy en día apenas comienza a vislumbrar ir en disminución.

La cultura, y el lenguaje implícito en ella, ha desempeñado un papel protagónico en la discriminación de las mujeres, primero no nombrándolas, y segundo, etiquetándolas como inferiores. Hoy en día los discursos públicos siguen deconstruyendo ideas que merman las capacidades de a quienes se vulnera.

No podemos menospreciar que a partir del 2018 las mujeres “tendrán” que ocupar la mitad de las candidaturas de todos los partidos político, lo que conlleva que muchos de los hombres dentro de estos, tengan que bajarse de esos escaños que ya han “escalado” por años.

Lo anterior se escribe en un tono sarcástico pero con una observancia muy popular, y ante esto se siguen escuchando en discursos la ausencia de mujeres preparadas, y por ende, se asumen compromisos obligados a empoderarlas.

Pero sin menospreciar esas grandes acciones afirmativas que representa la oportunidad de potencializar nuestras capacidades, algo debemos tener muy en claro, que en Sonora de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de Inegi, el 80% de las mujeres que trabajan cuenta con estudios de secundaria terminada o incluso educación media superior y superior. En contraste, sólo el 74% de los hombres cuenta con ese nivel educativo. Esto es, la preparación académica de las personas que tienen un empleo es mayor en mujeres que en hombres.

Lo hasta aquí escrito no trata de desdeñar o crear una lucha mujer-hombre, que siendo estrictos existe desde hace mucho, más bien supone poner en la mesa los grandes avances que en materia de educación y experiencia laboral han logrado las mujeres.

Ahora, si se habla en discurso que las mujeres son altamente participativas en los distintos partidos políticos, y son fundamentales en campañas como lideres comunitarias que mueven masas. Podríamos especular que lo que ha sucedido dentro de estas instituciones es que se les han delegado responsabilidades menores con base a prejuicios o por intereses de género

De lo que si podemos estar segura (o)s, es que mientras no se les de la plena y legitima oportunidad de acceder a estos puestos de elección popular de manera justa e igualitaria, y mientras no experimenten por vida propia la titularidad de las candidaturas, la experiencia como tal, seguirá siendo un retroceso en sus currículos.

Pero el 2018 cambiará este panorama, y la participación justa de la mujer en política pasará del derecho al hecho, aún acompañada con lagunas y retrocesos que cumplir, pero seguramente cada vez con más presión ciudadana para su perfeccionamiento.

Tengamos claro que en 2018 serán 36 candidatas por cada partido político del Estado, esto es, que en caso de que todas las instituciones postulen candidaturas en los 72 municipios, esto se reflejará en grandes posibilidades de que más de 36 Ayuntamientos puedan ser encabezados por mujeres. Saquen cuentas.
Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Julio 2016 www.mujerypoder.com.mx
Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.