Es innegable la gran lucha que las mujeres han protagonizado para avanzar hacia su incorporación en la vida económica, política, social y cultural en el mundo. Sin embargo, aún de los grandes avances, hoy en día sigue persistente la discriminación y la negación de sus derechos fundamentales para una enorme proporción de ellas.
Una de las manifestaciones más lacerantes de esta discriminación es la violencia ejercida contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. La violencia de género es un problema estructural en la sociedad que refleja la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, y cuyas manifestaciones son múltiples y están presentes tanto en lo público como en lo privado.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si queremos crear economías más fuertes y mejorar la calidad de vida de toda sociedad, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores, libres de toda discriminación y violencia. Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.
Cada vez es más común escuchar en los discursos públicos la igualdad de las mujeres como fuente de desarrollo. Se habla con familiaridad de la paridad y el empoderamiento, sin entrever el origen que justamente se contrapone a estos derechos sustanciales en la vida diaria de las personas.
Culturalmente se nos ha moldeado de una manera muy alejada al principio de la Igualdad, y el reto está precisamente en reconstruir pieza por pieza este enramado de limitaciones que impiden el pleno disfrute de los derechos sustantivos de las mujeres, y así mismo, que repercuten en toda la sociedad.
Hoy en día es vital en la planeación y el ejercicio de toda política pública, identificar de raíz el efecto que ha causado el “poder” patriarcal, en la estructura de cada institución que rige nuestro sistema, y que impide el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
Esta tarea requiere de mecanismos distintos, y todos necesarios. Las políticas públicas deben considerar acciones estratégicas transversales en todas las instituciones, enfocadas al trabajo de reconstrucción cultural de hombres y mujeres, de las familias e instituciones. Así mismo, las medidas preventivas y de atención deben contemplar la resistencia “natural” de las personas. Es importante comprender que como sociedad nos regimos en gran medida por paradigmas, modelos establecidos que nos encaminan y guían; que si bien, nos provocan vivir en violencia, pobreza o desigualdad, nuestra “zona de confort”, por así decirlo, nos impide reflexionar y buscar cambios.
Destruir prejuicios requiere de estrategias a largo plazo. Planes mediáticos que transformen ideas, que promuevan la reflexión y las garantías de una vida de armonía y paz social. Se requiere de instituciones no discriminatorias; leyes armonizadas; políticas incluyentes; campañas de información focalizadas; conductas congruentes de quienes gobiernan.
Los métodos improvisados provocan rechazo y pueden reforzar estereotipos. Porque es fácil atribuir condiciones negativas a lo que desconocemos y más cuando va en contra de intereses específicos y de masas.
Es un gran compromiso por asumir. Los prejuicios son parte de la historia y cultura de una nación, y se encuentran enraizados en los sistemas de creencias. Pero si bien, "es más fácil desintegrar un átomo, que un prejuicio", como lo afirmó Einstein, no es imposible.
Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Agosto 2016 www.mujerypoder.com.mx

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.