Iniciamos este ejercicio, gracias a Mujeres Construyendo que nos brinda espacio a las mujeres que formamos parte del gran conjunto de las muchas que ya somos, convocadas todas por Claudia Calvin.

En esta columna que martes a martes estará siendo publicada, hablaremos de todo un poco, en ese hilo conductor que se teje entre los temas que están en la discusión pública y aquellos que son abordados desde la óptica feminista, entendiendo claro, que no todas las mujeres se asumen como tal.

Hoy por ejemplo, baso parte de esta reflexión en un texto publicado recién por la Revista Derecho del Estado que se titula “¿Administraciones públicas genderizadas?” que refiere un estudio realizado en la Unión Europea sobre el papel que las mujeres desempeñan en el sector público como eje para alcanzar la igualdad.

El estudio plantea la necesidad de contar con instrumentos normativos y políticas claras para poder hacer frente a las desigualdades estructurales que prevalecen también en este ámbito, en donde si bien podríamos afirmar que la participación de las mujeres ha sido numéricamente significativa – al menos en el caso mexicano – no ha sido equitativa en todos los niveles de la estructura jerárquica de la pirámide organizacional, por lo que se hace indispensable garantizar los mecanismos que permitan alcanzar la igualdad de acceso tanto horizontal como vertical.

Plantear esto en el año de la Paridad en todo, podría resultar una obviedad, pero no es así. Desde los años 70 y 80 que a nivel mundial comenzaron a integrarse las agendas de género para la discusión de las problemáticas a enfrentar, los techos de cristal se instalaron en el centro de la discusión como uno de los mayores rezagos para las mujeres en el ámbito laboral,– y muy lamentablemente hoy 40 años después seguimos hablando de diferencias salariales entre mujeres y hombres en los mismos cargos, lo que cualquiera puede corroborar con tan solo revisar los registros salariales que acorde a las leyes de transparencia, están disponibles en las páginas de todas las instituciones.

Estaría muy bien hacer un comparativo dependencia por dependencia, para ver cómo están en remuneraciones los hombres y mujeres que ahí laboran.

Pero esa no es la única inequidad prevaleciente para las mujeres que se desempeñan en el ámbito público. Las organizaciones de este sector enfrentan hondas resistencias patriarcales que hacen que el acceso de las mujeres a una inclusión efectiva en todos los niveles esté sujeta a la voluntad política de los jefes y no a criterios formales de impulso a la igualdad. Esa lucha por no ceder el poder que representa el cargo, se traduce en dos de las expresiones más deleznables y más reiteradas que es posible encontrar al interior de las instituciones: la discriminación y la violencia.

Para combatirla y sanear las dependencias públicas de la reproducción de conductas que sin duda impactan en la vida pública y en los espacios domésticos (los violentadores del trabajo son también los violentadores en sus familias y en las calles), se impulsa la aprobación y aplicación de Protocolos contra el Acoso y el Hostigamiento que deberían de existir en cada una de las dependencias, pero que como sabemos, algunas se siguen negando a hacerlo, volviéndose cómplices de acciones que ya están tipificadas como delitos.

En este sentido, es indispensable tener claridad en que excluir a las mujeres de la posibilidad de ascender, ser reconocidas o remuneradas en forma equitativa es discriminatorio y violenta los derechos no tan solo laborales de ellas; pero también resulta violencia el aparentar una falsa inclusión, colocando a mujeres en posiciones como concesiones, sin que ello signifique ninguna implicación en la institución pública que genere un beneficio a las otras mujeres que ahí laboran y a las que son beneficiarias de esa acción pública. De ello hablaremos en otra columna.

Otro aspecto muy importante, mencionado en el estudio de la Unión Europea, es el relacionado con la Formación en Igualdad. La genderización de la administración pública ha supuesto la creación de áreas de atención a las mujeres a las que les corresponde transversalizar la perspectiva de género para el resto de las dependencias (áreas que por cierto no cuentan con presupuesto ni injerencia para la toma de decisiones), cuyo personal es capacitado para a su vez capacitar al resto, buscando que de esta manera el resto del funcionariado se ponga los lentes de la perspectiva de género para poder mirar lo desigual que es la realidad para hombres y para mujeres.

Aquí cabe una gran crítica al mecanismo. Y es que de nada sirve la capacitación cuando no hay profesionalización de ese personal que ya no tan solo cambia sexenio a sexenio, sino que es constantemente rotado, desperdiciando la formación ya brindada y haciendo que sea imposible dar continuidad a la labor de transversalizar, porque poco o nada tienen que ver con la nueva responsabilidad atribuida, misma que no se aprende con cursos a los que muchas veces se asiste en forma obligada.

Aquí también valdría mucho la pena impulsar o leyes o políticas que opten por la profesionalización del personal que labora en las áreas de género de las instituciones públicas en todos los niveles.

            La esfera que envuelve a las instituciones públicas está íntimamente vinculada con las coyunturas que vivimos, y – como en tantos otros ámbitos – el Covid-19 ha revelado una red de desigualdades añejas, que han salido a la luz irremediablemente.

Así es como ha quedado desnudada la enorme dificultad que implica para las mujeres conciliar la vida laboral con la personal, familiar y emocional, sobre todo ante la realidad que supone una política de cuidados que implica una sobrecarga significativa para las mujeres que ahora con el trabajo desde casa ya no tienen (tenemos) hora de salida de la oficina, y entonces saltamos de una videoconferencia a hacer de comer o lavar la ropa, sin que la labor doméstica esté distribuida de manera proporcional entre quienes cohabitamos en el confinamiento, dentro del mismo espacio doméstico.

Ante esta serie de realidades a que se enfrentan las mujeres que forman parte de la administración pública, el planteamiento formulado por el texto que nos ha servido como referencia establece que lo que habría que buscar es que las instituciones desarrollen una“potencialidad género-transformativa” que vaya mucho más allá de la inclusión y que signique que estas organizaciones sean auténticamente más inclusivas y menos discriminatorias.

Tenemos que lograrlo.

[1] Doctora en Investigación de la Comunicación, comunicóloga política y feminista. Es titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz.

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