Nelson Mandela afirmaba que “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, reconociendo su poder transformador para incrementar nuestras capacidades.

Gracias a este derecho, las personas internalizamos valores como la justicia, la solidaridad, la paz, y el respeto a la dignidad humana; porque incentiva un proceso de desarrollo permanente, que nos hace ser conscientes de la realidad, para modificarla.

De ahí que, la Asamblea General de la ONU, desde 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, destacara la importancia de encauzar la educación para fortalecer nuestras libertades.

Los derechos humanos son una herramienta para lograr cambios sociales. Por ello, es necesaria una formación que abone a su conquista, creando condiciones para su ejercicio.

Su garantía es indispensable porque su práctica genera utilidad individual y colectiva. Por ejemplo, el acceso a la información contribuye a que las personas seamos más críticas, exigentes y participativas de los asuntos públicos; mientras que la protección de datos personales nos ayuda a vivir en libertad, evitando discriminación. 

A pesar de los beneficios que brindan estos dos derechos humanos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019 del INEGI, solo 3.6% había realizado una solicitud de información; mientras que, solo 18.6% había pedido acceder, rectificar o cancelar alguno de sus datos personales; o bien, oponerse a su tratamiento.

Por ello, la educación es eje del derecho a saber y a la privacidad, como lo es de todos los demás; para aprender su contenido, a cómo practicarlos y a defenderlos.

Uno de los espacios más fértiles para impulsar estrategias educativas integrales y transversales en derechos humanos es el servicio público; pues es uno de los ámbitos principales en donde éstos deben garantizarse de forma efectiva, dado que la gestión gubernamental es la que nos presta los servicios públicos, es ante la que realizamos trámites, y es la que emite actos de autoridad que impactan en nuestra esfera.

Por eso, en las instituciones públicas, es fundamental formar perfiles cuya guía de actuación sea la ética, la equidad de género, la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la protección de los datos personales; y el respeto, en general, a todas las libertades.

Desde el área de capacitación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO-CDMX), que me corresponde coordinar, trabajamos para preparar un mejor capital humano público en nuestra capital. 

La pedagoga Rosa María Mujica decía que educar con este enfoque “no puede reducirse al orden intelectual…porque supone trascender la palabra y pasar a la acción. Es el desafío de ser más humanos. Educar sería en este sentido el intento de transmitir y adquirir actitudes que encarnan los derechos humanos.”

Fuente:

"Educación y los derechos a saber y a la privacidad",  La Silla Rota, 16 de junio de 2022, disponible en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/6/16/educacion-los-de...