El 17 de octubre –aniversario del reconocimiento legal del derecho al voto de las mujeres en México- suele ser un día para echar las campanas al vuelo y celebrar por todo lo alto el pase de las mujeres a la democracia.
Pero aunque sin duda esta fecha marca un parteaguas en la admisión de un derecho que fue negado hasta que resultó imposible continuar haciéndolo, es necesario recuperar la memoria para colocar los hechos en su justa dimensión.
El reconocimiento del derecho al voto femenino en México sucedió en 1953, más de una década después de que se propusiera reformar el artículo 34 de la Constitución y que no fue promulgado debido a la oposición de los grupos conservadores que presionaron a más de un Presidente, recomendándoles esperar porque había el riesgo de que las mujeres no votasen como sus maridos les sugerían.
Esa circunstancia en sí misma es la más clara evidencia de las enormes resistencias del sistema político patriarcal mexicano a abrirse a la participación política femenina, como quedó evidenciado en los años posteriores en que con absoluta lentitud tuvo lugar la incursión de las pioneras. Fue hasta 1955 que cuatro mujeres se convirtieron en las primeras diputadas federales y ocho años más tarde, en 1963, se eligió a las primeras mujeres senadoras, siendo hasta 1979 que fue electa la primera Gobernadora, cuyo número total hasta el día de hoy sigue siendo mínimo.
La enorme lentitud en el acceso de las mujeres a los cargos públicos hizo necesario adoptar medidas especiales que forzaran a los partidos a otorgar un número mayor de candidaturas femeninas, lo que había sido contemplado desde las reformas electorales de 1993 y 1996 sin lograr repercusión efectiva en los hechos.
Hasta el proceso electoral del año 2003 fue que los partidos debieron destinar 30 por ciento de sus candidaturas a las mujeres, incrementando la “cuota” a 40 por ciento en 2006. A estas medidas les encontraron su “cláusula de excepción”, pues –como es sabido– cumplieron con el porcentaje requerido, pero confinando a las mujeres al rol de suplentes de titulares hombres.
Estas claras violencias de parte del sistema de partidos, al que no le gusta compartir el poder, dieron lugar al penoso episodio conocido como “las juanitas”, que en 2011 mostró públicamente la misoginia a la que se puede llegar con tal de no abrir los espacios de poder, colocando a hombres como suplentes de mujeres quienes –una vez que tomaban protesta luego de haber ganado sus curules– eran obligadas a pedir licencia para que los hombres se hicieran también de esos espacios de representación.
Las muchas violencias que se cometen para impedir la participación política plena de las mujeres van desde el hecho de imponer como candidatas a mujeres con escasa o nula trayectoria política, o a esposas, novias, amantes o figuras externas sin ninguna militancia; hasta el hecho de enviarlas a contender en plazas perdidas, en donde no tienen ninguna posibilidad real de obtener el triunfo; pasando, por el hecho de limitarles los recursos para campañas dignas, tanto en lo económico como en cuanto a los apoyos institucionales, ya sean legales, políticos, tecnológicos o fiscales. Literalmente, las dejan solas.
También hay violencia a la inversa. Hoy que la paridad es ley y que hay un poderoso despertar del movimiento feminista que se asume como la resistencia y la oposición más auténtica al poder político imperante, la intención de los partidos y de otros actores políticos es utilizar mujeres para aparentar una falsa inclusión, una igualdad a conveniencia, que resultan en realidad soberanas imposturas que solo buscan perpetuar el mismo patriarcado que, desde luego, no discrimina sexos, como sistema totalitario que es.
Cuidado. “Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”. No olvidemos ni por un minuto que el largo camino para acceder al espacio público y que las mujeres participemos en los procesos de toma de decisiones jamás ha buscado solo sustituir a los hombres de los puestos públicos. La lucha que inició desde Olympe de Gouges al Séneca Fall y de las Sufragistas hasta nuestros días, ha tenido como meta llegar al poder para desde ahí dar poder a las mujeres que no lo tienen.
Por ello es indispensable que celebremos el aniversario del sufragio femenino conscientes de que ese derecho y la paridad que hoy alcanzamos es producto de la lucha de nuestras ancestras y que hoy necesitamos fortalecer nuestros liderazgos y nuestra sororidad para juntas dar la batalla histórica a la que nos enfrentaremos en 2021.
Participar en un proceso electoral es colocarse en una vitrina que exhibe y expone ante la ciudadanía un proyecto político. Es altamente probable que las resistencias del sistema de partidos y del propio sistema patriarcal provoquen que la violencia política en contra de las mujeres se agrave, cobrando de esa manera la osadía de salir de lo privado hacia lo público.
Ese riesgo hace indispensable que garanticemos que este avance en la representación no signifique un retroceso en derechos y libertades. La paridad no se obtendrá solo con las reformas políticas aprobadas. Necesitamos garantizarla en la práctica, haciendo que los partidos políticos la asuman plenamente y que la ciudadanía ejerza su voto superando los estereotipos sexistas.
Si para que la democracia exista se necesitan demócratas, para que la igualdad se concrete se necesita el compromiso de todas y todos.