Hace mucho tiempo se está hablando de la revocación de mandato en las charlas sobre política en México y escucho a muchas personas preguntar sobre su significado y las razones por las cuales se ha convertido en un tema tan importante en este momento. Yo misma, sin ser experta en teoría democrática, simplemente como ciudadana a quien le interesa “la cosa pública”, he tenido que informarme al respecto para comprender lo que implica y su relevancia. Intento con este texto, dar un poco de luz sobre ella y contribuir a la construcción de un diálogo más informado, así como exponer algunas ideas y preguntas que surgen de ello. 

¿Qué es? Teóricamente, la revocatoria de mandato  o referéndum revocatorio, es un mecanismo especial dentro del universo de instrumentos de participación y control ciudadano en una democracia representativa , cuyo objetivo es que la ciudadanía “pueda  cesar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa o por recolección de firmas, dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales”.  (Otras herramientas son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.) Dicho de manera clara: es una herramienta al alcance de las y los ciudadanos para poder dar por terminado el mandato de una autoridad a la que han elegido a través de los mecanismos institucionales existentes, antes de que dicha autoridad  termine el período para el cual fue votada. Es una manera institucional de dar cauce al descontento de las personas cuando no están de acuerdo con la forma de gobernar de sus autoridades. Aplica, como decía, a las autoridades electas tales como presidentes, representantes de los congresos o asamblea legislativas, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, dependiendo del nombre que tengan en el país en el que suceda.  

He destacado en negrita las palabras “participación y control ciudadano” y “ciudadanía” porque se trata justamente de eso, de un mecanismo pensado por y para la ciudadanía. Tiene, como todo en la política, detractores y defensores: para unos es un mecanismo que reconoce a la ciudadanía como fuente de soberanía popular y fomenta la participación ciudadana y presupone que ésta está informada  y conoce sobre los asuntos públicos, fomenta la responsabilidad y fortalece la representatividad. Para otros, se trata de un mecanismo limitante, susceptible de manipulación, poco eficiente -aunque se tengan muchas expectativas sobre él- es costoso y destacan que existen otras opciones para exigir rendición de cuentas. 

No es una novedad para la democracia. Estados Unidos y Suiza fueron los primeros dos países en los que se presentó. En Estados Unidos existe desde el siglo XVII, y el primer antecedente de desconfianza hacia  la clase gobernante se tiene en el Tribunal General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts en 1631 (Welp y Serdült: 2014). En México, en la Constitución de 1836 se plantearon antecedentes para considerar la iniciativa popular y en la Constitución de San Luis Potosí  en 1923 se presentaron mecanismos “para la iniciativa popular, el referéndum y la revocación de mandato con el objetivo de ampliar las funciones de la sabiduría colectiva”. (Moreno y Lizarraga: 2017) En México, en la actualidad, existe en las leyes locales de diversas entidades federativas. Como puede verse, no se trata de una novedad en el mundo ni en México. 

Resulta interesante si ubicamos este debate en el contexto de América Latina, en donde el mecanismo deja de ser un instrumento meramente teórico y convive directamente con los contextos políticos en los que se trata de instrumentar y con el tejido institucional de los países en cuestión. Welp y Serült estudian los procesos de revocación de mandato en Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Cuba y encuentran hallazgos dignos de considerar.  Entre los más importantes podría destacar los siguientes: 

1. Se utiliza en ámbitos en los que se decide poco sobre las políticas públicas y en donde las autoridades tienen poca autonomía, como por ejemplo, los municipios cubanos. 
2. Se activa poco debido a las trabas, formales o informales e institucionales, como el caso colombiano. 
3. La revocatoria se activa porque se ha convertido en un mecanismo de control ciudadano, pero en manos de los partidos. En Perú, de acuerdo con los autores, las elecciones son el principal incentivo para activar revocatorias. Dicho en otras palabras, no es la ciudadanía, quien la promueve, sino los partidos y los líderes políticos los interesados en promoverla para sus propios fines. 

Entre sus conclusiones está que en contextos en los que las instituciones son sólidas y la ciudadanía tiene vías de expresión, participación e incidencia, aunque existe la revocación,  no se apela a ella. En contextos de polarización, fragmentación partidista, termina convirtiéndose en una herramienta usada a favor de los partidos políticos y los líderes que la promueven, poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática. Esto presenta una paradójica situación a decir de los autores: “Parece que la revocatoria sólo podría fortalecer la democracia en contextos en que la fortaleza de la democracia la vuelve innecesaria”.

¿Qué sucede en México y qué se está debatiendo? El 14 de marzo de este año (2019), la Cámara de Diputados aprobó un dictamen donde se proponen ajustes al artículo 35 constitucional para reconocer la figura de revocación de mandato de gobiernos federal y locales. El voto se dio con la mayoría del partido gobernante en la Cámara, Morena y aliados (mayoría calificada). Además de ello, se busca que el presidente López Obrador aparezca en la boleta electoral el mismo día de las elecciones intermedias en 2021.  

En el Senado la situación fue otra. Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requiere de las dos terceras partes de la votación del pleno de la Cámara Alta, es decir, mayoría calificada de 85 votos de los 128 posibles. Al tener mayor presencia los partidos de oposición, el partido gobernante no tiene mayoría. Los primeros indicaron, en marzo, que no la aprobarían. Uno de los temas centrales del debate es que el presidente aparezca en las  boletas durante la elección federal intermedia de 2021. La propuesta será presentada en el segundo período de sesiones del 2019. Una pregunta obligada es: ¿Obtendrá el partido gobernante los votos que requiere a través de negociaciones individuales y no partidistas? ¿La nueva presidencia del PRI, que se ha mostrado dispuesta a seguir los mandatos del presidente del país, será quién determine si se aprueba la revocación de mandato tal como fue planteada en la Cámara de Diputados? 

En caso de llegarse a aprobar, la revocación de mandato podría activarse si:  1) lo pide el propio presidente de la República;  2) lo pide 33% de los integrantes de cualquier cámara, o al menos 3% de los inscritos en la lista nominal (hoy serían unas 875,000 personas).

Como ciudadana confieso que me surgen muchas preguntas: 

Si en el proceso electoral el triunfador obtuvo una mayoría incuestionable, ¿Para qué necesita validar el resultado de la ciudadanía tres años después? Si el 10% revoca su mandato, el mínimo necesario,  ¿En dónde queda el voto de la mayoría que le eligió en las urnas? 

¿Por qué necesita el presidente aparecer en las boletas de un proceso electoral intermedio, cuando se trata de eso, de un proceso electoral propio del proceso democrático del país? ¿Si aparece en otro momento, otro mes, otro año, cuál sería la diferencia? 

Uno de los supuestos de la revocación de mandato es la existencia de información disponible para que la ciudadanía tome decisiones con base en información sólida y pueda discernir lo que es mejor. En un contexto como el mexicano, ¿cuál es la diferencia entre la información real y la publicidad de gobierno? ¿Es esa la única información disponible para las y los ciudadanos? 

¿La revocación de mandato implica el inicio de un proceso de reelección para el presidente?  Las y los expertos y analistas políticos tienen posiciones diversas al respecto. Al proponer llevarlo a cabo el mismo día de las elecciones intermedias, hay quienes lo visualizan como un proceso para incidir en los votantes y que -debido a su popularidad- éstos voten a favor de su partido. Otras personas señalan que en países como Venezuela, Bolivia y El Salvador se ha usado para que los gobernantes se perpetúen en el poder, y en el caso mexicano, sería una manera de iniciar el mismo camino. También hay quienes señalan que si el Lic. López Obrador juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, su firma renunciando a la reelección está de más y el haberlo hecho genera suspicacia. 

La pregunta que más vueltas me da es una.  Como lo decía al inicio de este post, la revocación de mandato es un instrumento de la ciudadanía, y no deja de resultarme preocupante que sea la autoridad en turno quien la invoque. Las mujeres y hombres que votamos en 2018 somos personas adultas y responsables de nuestras decisiones. Tenemos libertad y capacidad de elegir y por eso participamos en los procesos electorales. Resultaría lamentable que a estas alturas de la democracia mexicana regresemos a los tiempos del presidencialismo absoluto en el que la persona que ocupa el cargo y su partido  nos digan cómo debemos ser, qué pensar, cuándo y cómo actuar y comportarnos en democracia.  

Se trata de una  película que, como mexicana, no quiero volver a ver y como ciudadana me parece importante que las y los ciudadanos nos informemos y discutamos ampliamente la cuestión. 

Publicado originalmente en Animal Político el 26 de agosto del 2019.

Sigamos la conversación en Twitter: @LaClau y en Instagram: @laclaucalvin