¿Te imaginas que te dejen sin trabajo por pronunciar la palabra “diversidad“? Pues no estamos muy lejos de que ello ocurra.
Hace unos días Mark Zuckerberg informó que META dejará en el pasado las políticas de diversidad, equidad e inclusión que tenía la empresa (DEI). ¿La justificación? De acuerdo con un comunicado de la vicepresidenta de recursos humanos, Janelle Gale, “El contexto legal y político en torno a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos está evolucionando. La Corte Suprema ha tomado medidas que sugieren cambios en la forma en que los tribunales abordan estos temas. Además, el término DEI se ha vuelto controvertido, ya que algunos lo perciben como una práctica que promueve el trato preferencial hacia ciertos grupos”.
Si fuera un hecho aislado, deberíamos tomar nota y preguntarnos ¿qué sucede?, pero otras empresas están haciendo lo mismo. Ford Motor Company anunció a mediados del año pasado que dejaría de participar en el Corporate Equality Index y dejaría de impulsar diversas encuestas sobre “mejores lugares para trabajar”.
¿Qué otras empresas se han sumado a esto? Lowe, Harley-Davidson, Jack Daniel’s, Walmart, entre otras. Los argumentos varían: desde señalar que siguen apoyando el talento diverso de sus clientes y fuerza laboral, hasta que la decisión del 2023 de la Suprema Corte en Estados Unidos respecto a dejar de considerar la raza como una variable para aceptar a estudiantes en las escuelas sentó un precedente que debe tomarse en cuenta.
La gran justificación es que los negocios deben medirse por sus resultados de negocio, no por sus políticas de diversidad e inclusión y que “la diversidad forma parte del ADN empresarial”, sumado al hecho de que “el panorama político está evolucionando y hay que enfrentar nuevos desafíos”.
La realidad es que este cambio es un triunfo de los lobis conservadores. En 30 estados de Estados Unidos los legisladores republicanos han pasado leyes para restringir o regular las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Hay casos tan extremos, como Utah, en donde está prohibido que alguien mencione las tres palabras (diversidad, equidad o inclusión) si se trata de una institución o instancia que ha recibido financiamiento público.
Estas decisiones y el fortalecimiento de esta tendencia son un paso atrás -o muchísimos- respecto al avance de los derechos humanos y la búsqueda por incorporar a grupos que históricamente han estado marginados de la toma de decisiones y de las oportunidades a las que tienen derecho. Esto incluye a grupos raciales y étnicos, a la comunidad LGBTQ+, a personas con discapacidades diversas y por supuesto, a las mujeres.
La visión de quienes apoyan la erradicación de las políticas DEI y las acciones afirmativas es que están accediendo a oportunidades personas que no deberían tener esos derechos y que al darles esas posibilidades le están quitando el espacio a personas que sí lo merecen. En el fondo, se trata de una lucha por el poder: quienes tienen el poder no quieren compartirlo y se sienten amenazados por las personas que podrían acceder a él en contextos y condiciones de mayor diversidad, equidad, igualdad e inclusión. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden, porque hoy el mundo sigue siendo desigual, las políticas DEI son recientes y antes de que estas decisiones avancen, están haciendo lo que pueden para revertirlas.
Esto no sucede sólo en el mundo corporativo, gobiernos en distintos países dan muestra de su interés por erradicar cualquier atisbo de igualdad en sus políticas y por catalogar a la igualdad de género como una “ideología”. Milei desapareció el Ministerio de las Mujeres en Argentina y prohibió el uso del lenguaje incluyente en el gobierno; Bukele ha declarado una lucha frontal contra “la ideología de género” y ha prohibido la educación en igualdad en las escuelas; Trump ya avisó que una de las primeras cosas que hará al regresar a la Casa Blanca es desmantelar las oficinas DEI en la administración pública; en Hungría Víktor Orbán se ha declarado en contra de la migración, el género y la guerra y los ejemplos aumentan. ¿De qué otra manera se puede explicar el silencio cómplice de tantos países ante la violencia que viven las mujeres en Afganistán, Irán y en distintos países de África?
En resumen, después de décadas de lucha y avances por la defensa de la igualdad, los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la diversidad y la inclusión, estamos presenciado un movimiento pendular en sentido contrario y con enorme fuerza. Vemos cómo se busca legitimar la narrativa de que las políticas DEI son innecesarias, divisorias y representan un gasto, no una inversión.
Podríamos decir que los beneficiarios del poder, no importa si son de izquierda o de derecha, tienen algo en común: no lo quieren perder y buscan a como dé lugar perpetuarse en él, garantizado las desigualdades y la exclusión a “nombre del bien común”. Si en contextos democráticos la defensa de los derechos es un desafío, en un mundo en el que los liderazgos autoritarios están accediendo al poder, esta tendencia se va a incrementar. Se busca que desaparezcan las leyes que promuevan la igualdad -o que la justicia se venda al mejor postor- y que desaparezcan la transparencia y la rendición de cuentas. Si las empresas no tienen que rendir cuentas por sus políticas laborales y culturales en contra de la diversidad, a los gobiernos autoritarios tampoco les preocupa que lo hagan, siempre y cuando no amenacen su control y poder.
Precisamente por esto, defender la diversidad, la igualdad, la equidad y la inclusión no es sólo una cuestión de justicia. Se trata de condiciones indispensables para la construcción y funcionamiento de sociedades libres y democráticas.
Cada retroceso nos recuerda que el progreso sólo se puede mantener a través del compromiso y la acción constante, si es que queremos que los derechos ganados no sean derechos perdidos.
Defender la diversidad y la igualdad es una manera de defender la democracia.
Publicado originalmente en Animal Político el 14 de enero de 2025.
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