NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO: ENTRE LA INVISIBILIDAD Y EL MIEDO.

Gabriela Vargas G.

@Biarritz3

En medio de una pandemia que preocupa y ocupa gran parte de nuestra energía para no sucumbir en el intento, poca o nula atención recibió el Día Internacional de la Niña que se conmemoró el pasado 11 de octubre. Simbólico por sí mismo, dado el impacto desproporcional que el COVID 19 está teniendo en la vida de miles de niñas y mujeres, al potencializar la violencia en sus hogares.

¿Porqué tendríamos que celebrar un día por las niñas? La respuesta no es tan evidente. En principio, y sobre todo, para reconocerlas, y arrancarlas de la invisibilidad en que se han acostumbrado a crecer, y que históricamente ha condicionado sus derechos a roles, tradiciones y leyes que, a pesar de su evolución, siguen en rezago frente a la realidad que ellas viven todos los días.

El sólo hecho de nacer mujer determina, en gran medida, su futuro. En función de la cultura en que crezca podrá ser comprometida en matrimonio o uniones forzadas, podrá ser explotada sexual o laboralmente, o incluso heredar o generar un patrimonio, será sólo una aspiración inalcanzable. En casos más graves será abusada, maltratada física y psicológicamente y, en el extremo, podría sumarse a las crecientes cifras de los feminicidios infantiles.

Estos extremos, sin embargo, se materializan y reproducen porque la propia sociedad acepta silenciosa formas sutiles de discriminación que inician en la niñez, al interior de las propias familias, donde la feminización de los cuidados determina que las niñas sean responsabilizadas, casi naturalmente y desde su infancia, a realizar labores domésticas y cuidado de enfermos y menores, a pesar de haber hermanos varones con quien repartir esas tareas. También son las primeras conminadas al abandono escolar, cuando las condiciones precarias familiares no favorecen que todos los hermanos acudan a la escuela.

Si ello no fuera poco, la pandemia vino a agrandar las brechas de desigualdad ya notorias entre hombres y mujeres. Las cifras son elocuentes: Según datos de la ONU, de los 1520 millones de niñas, niños y jóvenes que dejaron de asistir a las escuelas, 743 millones son niñas. De los 267 millones de jóvenes que no estudian, trabajan ni reciben capacitación 2 de cada 3 son mujeres jóvenes.

Nuestro país encabeza el listado de embarazo adolescente a nivel mundial entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del país, reporta que sólo 6 de cada 10 mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas utilizan un método anticonceptivo para prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual.

Por ello no sorprenden las estimaciones dadas a conocer en agosto pasado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que adelantó que debido al confinamiento por el COVID-19 podrían registrarse 21,575 embarazos en adolescentes entre 2020 y 2021, debido a que las mujeres acuden menos a los servicios de salud sexual y reproductiva por la emergencia sanitaria, lo que limita el acceso a este tipo de información, así como a la de métodos anticonceptivos.

Pero más sorprende aún, que ante esta circunstancia, por sí misma gravosa para todas estas jóvenes, varios congresos locales en lo que va del 2020, incluyendo Tlaxcala, estén promoviendo reformas a la Ley de Educación para aprobar el denominado “Pin Parental”, una medida que busca dejar en manos de los padres o tutores, la decisión sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación sexual y reproductiva, incluso determinar la asistencia o no de los menores si los contenidos educativos “no coinciden con sus convicciones éticas, morales o religiosas”, lo que contraviene a todas luces el principio de laicidad establecido constitucionalmente.

Sobra decir que este tipo de iniciativas violentan los derechos de la niñez reconocidos internacionalmente, al negarles a los infantes su reconocimiento como sujetos de derechos, y el ejercicio pleno a una educación sexual y reproductiva que favorezca su desarrollo integral, afectando principalmente a las niñas y adolescentes. De prosperar tales reformas la involución sería de tal magnitud, que todos los esfuerzos encaminados a cerrar las brechas de género, reducir la discriminación y violencia en la vida de las mujeres, y fomentar la tolerancia social sufrirían graves retrocesos, en un contexto que demanda la protección de niñas, niños y adolescentes, tal como lo alerta Geovanny Pérez, de la agrupación Constitución Violeta de Tlaxcala, y varios organismos de Derechos humanos a nivel estatal y federal.

Si a ello sumamos la variable de que miles de infantes están viviendo la educación desde una situación de exclusión tecnológica y social, podemos darnos una idea de los rezagos educativos y emocionales que están viviendo. El informe de la UNICEF sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia desde 2015 detalló que el 12.6% de las mujeres entre 15 y 19 años nunca habían utilizado una computadora, y 14.1% Internet. En el caso de México, el INEGI en 2018 informó que hay 14.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años, de los cuales 72.9% cuenta con un celular inteligente para acceder a internet, y 41.5% se conecta por medio de una computadora de escritorio.

Sin embargo, nadie esperaba un contexto en que la virtualidad sería la única modalidad para mantenerse activo laboral, educativa y hasta emocionalmente, lo que coloca en una seria desventaja a quienes no tienen acceso a la tecnología en este momento, lo que en un futuro les implicará falta de habilidades y conocimientos, que repercutirá en su desarrollo personal y oportunidades, ampliando la brecha de género, para el caso de las niñas y adolescentes.

En la Consulta Nacional “Infancias Encerradas” realizada a casi 19 mil niños, niñas y adolescentes por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, llama la atención que las niñas se preocupan más y se entristecen más que los niños, además que algunas participantes mencionaron el miedo a regresar a la calle y enfrentar situaciones que las pongan en riesgo.

Su temor es fundado. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en nuestro país desaparecen 7 niños, niñas y adolescentes a diario, y según el Informe Anual 2019 de UNICEF, 2 de cada 10 personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes. El 60% son mujeres.

La imagen idealizada de una niñez sin preocupaciones, arropada por la protección familiar y garantizada por el Estado, aún está muy lejos de ser una realidad para gran parte de la niñez mexicana. Lo mismo sucede con las adolescentes, quienes tienen temor de ejercer libertades básicas, como su desplazamiento, por el temor permanente a sufrir un daño a su persona.

Siempre se dice que la niñez es el futuro de la humanidad. Los datos no nos dan para alimentar ese optimismo, y menos aún con las niñas y adolescentes. Empecemos por garantizarles un presente que merecen vivir sin miedo, con juegos y recreaciones. Exijamos políticas públicas que respeten su autonomía, garanticen su seguridad, y favorezcan su desarrollo. No le pertenecen a nadie. Ya tendrán mucho tiempo para ser adultos.