Como todos los martes (y los lunes, y miércoles y jueves) tomé una de mis clases de la maestría en Derecho que estoy cursando. El tema que estamos abordando desde hace unas tres sesiones ha sido la comparación del "contrato de mandato" y la “representación política” en nuestro país.  

De acuerdo con el profesor, el "contrato de mandato" es una de las analogías que mejor explican el malentendido que actualmente tienen nuestros representantes a la hora de tomar decisiones a nombre de la sociedad. Bueno, no sólo es una analogía, sino mejor dicho: la representación popular es un tipo de contrato de mandato. 

Para una no abogada, (es curioso que, aparentemente en toda mi formación profesional,  siempre me han definida como un “no-algo”; mientras que en el ITAM llevé varias clases para no-economistas, no-matemáticos, ahora en la UNAM soy una no-abogada) es importante entender qué es el contrato de mandato.

Por lo que entiendo, existe una figura jurídica por medio de la cual, uno puede determinar que un tercero, pueda tomar algunas decisiones a nuestro nombre, lo facultamos para que lleve a cabo ciertas acciones a nuestro nombre pues. El ejemplo que usó el profesor fue, la figura jurídica en la cual un apoderado que nosotros determinamos tiene la facultad de firmar a nuestro nombre el día de nuestra boda, suponiendo que uno no puede asistir a su boda, claro está. Lo mismo pasa con los representantes populares (diputados, senadores, presidentes municipales, presidentes de la República y un largo etcétera) por medio del voto, los facultamos para que tomen las decisiones a nuestro nombre, siempre pensando en nuestro beneficio. 

No obstante, en este contrato jamás perdemos (los ciudadanos) la capacidad de decidir qué es lo que más nos traerá beneficios. De nuevo, el profesor recurrió al ejemplo del "apoderado" que firma en nuestra boda diciendo, por más que uno le de un "papel" para que esa persona se case con A, dicho representante jamás podría decir, “como no te conviene A, decidí que te casaras (y firmé) con B”. En este ejemplo, se habría perdido la capacidad de decidir. Al trasladar esta idea a los estados o a los gobiernos o a los representantes, a esta capacidad de decidir se le suele llamar soberanía. 

El profesor no perdió el tiempo para poner como ejemplo la reforma energética, diciendo que los  representantes que tomaron la decisión (a nombre de los ciudadanos) de “dejar en manos de extranjeros el petróleo de México” (sea lo que “dejar en manos de los extranjeros” signifique) fue una de esas decisiones en las cuales no está del todo claro si la ciudadanía en verdad quería que esa decisión o votación fuera tomada y por lo tanto si la soberanía de la sociedad mexicana se vio mermada con tal decisión. Nuestro maestro fue más allá, y creo que matizó, aún suponiendo que la ciudadanía no se quejó y pudiéramos pensar que sí estaba de acuerdo, era necesario contar con mecanismos de participación política, i.e. plebiscito, referendum, consulta ciudadana, para avalar decisiones que generan tanta controversia, ello en aras de legitimar las acciones de los representantes.

Ante estas declaraciones, o la introducción de un tema tan sensible para los mexicanos, especialmente si se es de izquierda o si se es afín al partido en el gobierno, la clase se volvió un verdadero debate. Unos -los de izquierda- totalmente de acuerdo con el profe, asintieron, mientras que los afines al partido en el poder, iniciaron una serie de argumentos para lograr que el ejemplo de la reforma energética no fuera el idóneo para explicar la pérdida de la soberanía del pueblo sobre ciertas decisiones fundamentales en la vida política.

La verdad, la clase me dejó reflexionando. No sin antes pensar que el profesor no había sido tan imparcial, ya saben como cualquier clase de pedagogía nos enseña o como cualquier texto sobre el quehacer científico suele sugerir, y sí, aún el quehacer del científico social.