Internet, por su alcance global y su diseño descentralizado, es una poderosa herramienta que puede incentivar la creatividad y la innovación, potenciar la libre expresión y el ejercicio de derechos. Si bien las redes sociales y otras plataformas digitales nos permiten crear contenidos multimedia y difundirlos, y compartir nuestras ideas con millones de usuarios, las compañías que las dirigen pueden modular lo que publicamos, para evitar afectaciones en la esfera de las personas.

La moderación de dichos materiales implica que, con base en el marco normativo que rige a estos servicios y que define los términos de su uso, se determina si lo divulgado es o no admisible para permanecer en la red. Es el caso de las publicaciones relacionadas con la comisión de delitos, como la trata o el abuso sexual infantil; o bien, que incitan al odio o al extremismo; o que no son acordes a las políticas que los sitios promueven.

Por lo tanto, las empresas tecnológicas pueden remover el contenido digital, suspender cuentas, o imponer otro tipo de sanciones a quienes cometan conductas inadecuadas. Aunque el fin es proteger a sus usuarios, también ocurre que la aplicación de estas medidas llegue a ser arbitraria o desproporcionada, incurriendo en censura, sin asegurar una debida defensa.

Según el Informe #LibertadNoDisponible de la organización Artículo 19, en el primer semestre del año 2020, nuestro país ocupó el primer lugar mundial en solicitudes de restricción de publicaciones en Facebook. En éstas se observó falta de claridad en su fundamento legal y motivos.

Ante esta problemática, desde 2018, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, academia y activistas han impulsado los Principios de Santa Clara, que son estándares mínimos que promueven una moderación de contenidos en internet, y que han sido apoyados, desde entonces, por diversas compañías como Apple, Google, Reddit y Twitter.

Estas directrices buscan que la modulación de lo difundido sea realizada de forma transparente, clara y proporcional, conforme a un marco fijo de responsabilidades, y con respeto a los derechos y libertades, como las de expresión e información.

Las nuevas dinámicas del mundo digital plantean retos de tipo legal y de política pública, para lograr equilibrar la apertura en la red con la protección de otras prerrogativas como la privacidad y la seguridad de las personas.

Así como para prevenir ilícitos; definiendo los límites adecuados en cumplimiento a la norma, sin discrecionalidad, y considerando su impacto global. En palabras de la congresista norteamericana Anna Eshoo, “una internet libre y abierta no debería verse agobiada por desafíos legales”, porque “su dinamismo es esencial para nuestra economía”.


Fuente:

"Libertad vs. moderación de contenidos en internet", columna invitada, El Heraldo de México, 19 de julio de 2022, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/19/libertad-vs-modera...

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