El instante quedó registrado en una imagen que no podremos olvidar: un hombre se acercó por detrás de la presidenta, le puso las manos sobre el pecho y le murmuró al oído. No era una mujer cualquiera. Era la máxima representación del poder en México. Aun así, fue vulnerada. Ese gesto minúsculo y brutal resume algo mucho más grande: un país donde la violencia no es un error del sistema, sino su modo de funcionamiento.

En las horas siguientes al hecho, las conversaciones no pararon y el país siguió dividiéndose. Algunos vieron una agresión inaceptable, otros un montaje. Tal vez el mayor signo de descomposición institucional sea precisamente ese: que la sociedad sospeche incluso del poder mismo y de las instituciones que se supone existen para protegerla. No creo que haya sido un montaje, y si lo fue, sólo confirmaría la pobreza estratégica y política de un gobierno que piensa que puede manipular el abuso para tapar las tragedias cotidianas que se viven en el país. Hacer un montaje para distraer la atención del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, o de Bernardo Bravo, líder de los limoneros, del crimen organizado, de las desapariciones, de la violencia que vivimos, de la corrupción del partido que llegó para “renovar” al país, sería una demostración de miseria en todos los sentidos. Una maniobra así apenas duraría un par de días y, literalmente, no alcanza para quitar el foco de lo que está sucediendo. Si fue así, qué falta de imaginación.

Vivimos en un país que se jacta de la democratización de la justicia al desmantelar el poder judicial, mientras tolera frases como “si la violación es inminente, relájate y gózala”, “algo habrán hecho”, “no es para tanto”, “lo provocó al ir vestida así”. La violencia de género, normalizada y trivializada, ya ni siquiera necesita justificación. Peor aún, es ignorada por la mayoría de los expertos en seguridad y se considera como un tema “de la agenda de género y de las mujeres”, no un tema “realmente grave” como la violencia del crimen organizado.

En México, de enero a agosto del 2025 se registraron 444 feminicidios. Se dice que las cifras han bajado, pero existen dudas sobre ello. La pregunta es si la realidad de las cifras responde a la reclasificación del delito o al hecho de que simplemente no se han reconocido las denuncias, o a la famosa frase de que el gobierno tiene “otros datos”, como los tuvo el sexenio pasado. Las cifras van y vienen, pero lo que ha sido una constante en la historia reciente de este país es la violencia contra las mujeres y las niñas.

Junto a este escenario, la violencia homicida, la desaparición y el crimen organizado han configurado un escenario donde la seguridad es una ilusión y la impunidad una constante. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, la tasa de homicidios en México es un 54.7 % más alta que en 2015. La tasa de personas desaparecidas aumentó 18 % en 2025 con respecto al mismo período del año anterior.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en septiembre de 2024 hubo en promedio 86.9 homicidios dolosos por día y en abril de 2025 el número bajó a 59.2. ¿De veras puede presumirse como un logro que “sólo mueran 59.2 personas” al día por homicidios dolosos?  Señalan las y los expertos que aunque la cifra se presuma como un logro, la realidad es que la violencia se ha concentrado territorialmente, la impunidad persiste y la protección del Estado se reparte de manera selectiva. El asesinato del alcalde de Uruapan, líder de oposición al partido en el poder, tras meses de pedir apoyo, igual que el del líder de los limoneros en el estado de Michoacán, pone sobre la mesa una realidad: la seguridad en México se ha convertido en un privilegio partidista. En ese contexto, lo ocurrido con la presidenta no sólo expone la vulnerabilidad de las mujeres, sino el derrumbe de uno de los objetivos básicos del Estado: la protección universal.

Si esta escena se ha tratado de usar para fabricar empatía, el efecto ha sido el contrario: la desconfianza, la fractura y la desesperanza. Porque si al cuerpo más protegido del país le ocurre esto, el mensaje para el resto de las mujeres no es de solidaridad, sino de abandono. En un país con más de cien mil desaparecidos, miles de mujeres asesinadas y una ciudadanía que vive con miedo, la obscenidad no está solo en el gesto del agresor, sino en la incapacidad del poder para asumir su responsabilidad.

La escena de la violencia y acoso contra la presidenta abre una grieta simbólica. Si el cuerpo del poder puede ser tocado, ¿qué queda para el cuerpo ciudadano, para el cuerpo femenino común, para el cuerpo que camina solo por la noche? En un país donde el poder se cree inmune, el gesto violento mostró que la inmunidad es un simulacro.

Este país lleva una herida profunda y esa herida se escribe con nombres, con cifras, con silencios. Cuando una mujer es asesinada por su género, cuando un ciudadano desaparece sin razón, cuando el poder simbólico es vulnerado, el mensaje es el mismo: nadie está a salvo.

A la mitad del país la violentan por ser mujer y junto con la otra mitad, vive violencia porque la impunidad tiene carta blanca. Ya no hay promesa ni discurso que valga, porque si ni la presidenta del país está protegida, la desesperanza se agranda como un vacío. La pregunta es inevitable: ¿cómo gobernar un país que no puede proteger ni al cuerpo más protegido?

Fue real o fue montaje, da lo mismo. Ambos escenarios retratan la misma realidad: un país donde la violencia se ha convertido en costumbre y la impunidad en sistema y discurso.

Publicado originalmente en Animal Político el 11 de noviembre del 2025.