Colaboración para el programa A Detalle en Global Media

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

La actuación de todas las personas debe regirse siempre por la responsabilidad y la absoluta congruencia entre lo que dice y lo que hace, para cumplir con los preceptos morales del Ser bondadoso. Por supuesto esto proviene de la moral y de la ética, que la única sanción que existe por no cumplir es el remordimiento. Pero ¿qué pasa cuando la persona cumple una función pública?

La moral en una de sus definiciones es el “(…) conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social determinado que ofician de guía para el obrar, es decir, que orientan acerca del bien o del mal, de los correcto o incorrecto de una acción”.

Los cambios despiertan mucho interés entre las personas, porque nos interesa saber y de alguna manera controlar el futuro. Cuando los cambios son generados por una transición de gobierno, porque se da un cambio democrático, y hay un nuevo gobernante que encabeza otra gestión, nos lleva  de la mano a pensar que el antecesor hizo las cosas no tan bien, y que habrá de darle un giro al manejo de la administración pública para que se retome el rumbo adecuado de las acciones en beneficio de todos y todas.

Cada final de administración gubernamental se da una crisis que sacude a las instituciones y se lanza el nuevo gobierno con una renovada fundamentación en lo moral, en lo ético y en lo socialmente responsable. Cada comienzo de sexenio gubernamental nace con mucho interés de hacer una renovación moral, como fue el slogan de gobierno del Ex presidente Miguel de la Madrid.

En San Luis Potosí, vivimos un cambio de gobierno que deseamos vaya más allá del discurso sobre lo que debe ser el trabajo gubernamental.

La creación de una especie de Fiscalía Anticorrupción propuesta por Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, es darle una renovación (como cada cambio de gobierno) a los principios éticos y morales de la política, pero a la vez es una obligación porque hay un compromiso establecido en políticas públicas  del gobierno federal, para eliminar la corrupción de las prácticas de la administración pública.

La corrupción desvía muchos recursos que deben estar encaminados a incrementar el nivel de vida de las personas; están involucrados principios y valores morales y éticos. Hay recursos que se pierden de su destino final por ejemplo en el uso de vehículos oficiales  que se emplean para traslados exclusivos de carácter personal.

Cada vez que una servidora pública o un servidor público emplea fondos del erario para actividades personales está quitando apoyo a una persona que espera ser atendida. Nos enfocamos a grandes desvíos, por supuesto que es gravísimo, pero es igual de grave que una persona que trabaja en el gobierno estatal, municipal, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, etc., intenten sacar ventaja en beneficio propio. Por ejemplo desde el tiempo que no destinan a su actividad, los tiempos muertos.

Carreras López anunció que el funcionario y la funcionaria que no esté dispuesto a trabajar bajo la tónica del servicio eficaz hacia los demás serán removidos, y esperemos que sea una voz de alerta para quienes con el presupuesto gubernamental han sacado provecho personal y político. Muchos han utilizado los fondos económicos del gobierno para escalar nuevos cargos públicos.

Estoy a favor como persona, como activista, como comisionada de Víctimas que no haya un sólo peso que se desvié para temas personales. Que lleguen ya con la preparación suficiente para atender los cargos que les fueron conferidos, que no vayan aprendiendo sobre la marcha o haciendo maestrías con becas de tiempo completo para capacitarse. Como sociedad estamos cansados y cansadas que el apoyo para las personas más vulnerables no llegue, que llegue lento, que la obra pública  que siempre han solicitado nunca se realice, porque se gasta más en vehículos oficiales destinados a cuestiones de carácter personal.