ATENCIÓN A VÍCTIMAS #JusticiaparaDiana

29 DE JUNIO DEL 2015

 Les comparto mi colaboración en el programa de Radio A Detalle de GlobalMedia.

Para Diana denunciar al abuso sexual de que fue víctima no ha sido un proceso sencillo. Se ha cumplido un año de que tomamos el caso para acompañamiento. 

 Para Diana, interponer la denuncia fue una decisión difícil de afrontar debido a que se enfrentaba a una persona que goza de un prestigio y reconocimiento por su labor como defensor de los derechos humanos, entre instituciones estatales y dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil.

 Pese a ello, en junio de 2013 Diana acudió al Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) de San Luis Potosí; posteriormente su expediente fue turnado a la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Derechos Humanos de la PGJE, lugar donde ratificó su querella.

 Sin embargo, a pesar de visitas constantes para conocer el avance de las investigaciones, no recibió ningún citatorio ni avances del expediente. Fue hasta 8 meses después que por su continúa insistencia recibió los resultados del peritaje dictaminador en el ámbito psicológico. No obstante, al leer  los resultados, se percató que había declaraciones que nunca hizo, además de que no sé habían realizado bajo los protocolos periciales correspondientes; no existía firma de consentimiento informado por parte de Diana y había sido expedida meses después del tiempo establecido.

 Aunado a ello, ha sido objeto de violencia institucional por parte de las autoridades, quienes además de revictimizarla, cuestionan la persistencia de su demanda.

 ¿Qué ha pasado? En septiembre del 2014 se aprobó la Ley de Víctimas para el estado de San Luis Potosí, una ley que alcanzaba cumplir con lo señalado con la Ley General de Atención a Víctimas. Una ley que concretará la Reforma de la Constitución en materia de Derechos Humanos y resarcimiento del daño particularmente en lo referente al Artículo 25  sobre Asistencia y Protección a las Víctimas

 Las penas de castigo para el delito por ejemplo de abuso sexual varían de una entidad a otra, de acuerdo al código penal. En estados como Sinaloa la pena es de tres meses a un año de prisión, si el abuso se comete en un menor de edad. En nuestro estado la pena es de dos a cinco años de prisión.

Con la nueva Ley de Víctimas se pretende que se de atención inmediata a las personas que han sido afectadas dando un enfoque diferencial y especializado, sin criminalizarla, apegada a total transparencia en cuanto a la información de sus expedientes, se debe garantizar la información y el seguimiento de su situación.

 Hace falta que se formalice el Sistema Estatal de Atención a Víctimas  del Estado de San Luis Potosí, además de la formalización del Programa Anual de Atención a  Víctimas del Estado de San Luis Potosí, el Registro Estatal de Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de San Luis Potosí, Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas y el Centro de Atención Integral a Víctimas.