Cada vez son más los impactos que tiene la inteligencia artificial en las personas, organizaciones e industrias; mismos que se reflejan cuando las autoridades la emplean para simplificar sus procesos; para crear canales de participación; para analizar datos que faciliten la toma de decisiones; o bien, para optimizar servicios.

Desde 2017, la firma Deloitte pronosticaba que el uso de invenciones inteligentes en la gestión gubernamental, tan solo a nivel federal, permitiría tener ahorros anuales de entre 96.7 millones a mil 200 millones de horas de trabajo; y de entre 3 mil 300 millones a 41 mil 100 millones de dólares.

Específicamente, estos sistemas pueden contribuir a mejorar la transparencia en el sector público; a facilitar la práctica de nuestro derecho a saber; a eficientar la organización de archivos; y a detectar riesgos de corrupción.

En Estados Unidos, diversas agencias están probando nuevas herramientas electrónicas para atender, más rápido, la gran cantidad de solicitudes recibidas en el marco de su ley en la materia, que es la Freedom of Information Act.

Con el programa “MITRE FOIA Assistant” que funciona con procesamientos de lenguaje y predictivo, se acelera la revisión de documentos para contestar las peticiones; ayudando a detectar cualquier referencia textual que deba ser protegida legalmente, por razones de seguridad nacional o cuando sean datos personales, entre otros supuestos.

Asimismo, durante la pandemia por COVID-19, en 2020, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil utilizó robots, los cuales, a partir de los insumos divulgados en el portal de “Comprasnet” y del periódico oficial, comparaban los costos de contrataciones del gobierno e identificaban anomalías en las adquisiciones vinculadas con la emergencia sanitaria, alertando a dicho órgano de fiscalización para su investigación.

No obstante, surgen retos en torno al diseño e implementación de la inteligencia artificial en este ámbito. Uno de ellos relacionado con la posible amenaza de reproducir una cultura del secretismo, la cual aún persiste en quienes se encargan de desarrollar dichas máquinas y de valorar la apertura institucional.

Otra de las inquietudes sobre estos mecanismos tiene que ver con su neutralidad; pues según su configuración pueden o no imprimir sesgos discriminatorios, de tal suerte que, las determinaciones automatizadas resulten prejuiciosas hacia ciertos grupos.

Asimismo, existe preocupación en torno a las garantías de seguridad y de privacidad que brindan; sumado a que, para su aprovechamiento, se requiere del aprendizaje de habilidades digitales y de su disponibilidad para los distintos usuarios.

A propósito de los días 13 y 28 de septiembre, conmemorativos de las personas programadoras y del acceso a la información, engarcemos ambos temas para potenciar esta prerrogativa con métodos inteligentes e incluyentes; pues como sostiene la economista Sofía Scasserra, la tecnología debe estar puesta al servicio de la sociedad, y no lo contrario.

Fuente:

"El derecho a saber con innovación inteligente", El Heraldo de México, 26 de septiembre de 2023, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2023/9/26/el-derecho-saber-c...