Cada que se abordan temáticas sobre las niñas, niños y adolescentes hablamos en futuro como si su papel actual no fuera activo; y las decisiones sobre la atención de sus necesidades se toman a nombre de ellas y ellos como si no fueran capaces de opinar y participar.

En sentido contrario a este enfoque, deberíamos escucharlos e incluirlos en todo momento; pues como decía Gabriela Mistral, “el futuro de los niños (y de las niñas) es siempre hoy” porque “mañana será tarde”.

En México, para la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se consideran dentro del primer grupo a los menores de 12 años, y como parte del segundo a quienes tienen 12 años cumplidos, pero menos de 18.

Esta ley, junto con nuestra Constitución y con la Convención de los Derechos del Niño, les reconoce como titulares de derechos y libertades, como el caso de poder expresar su opinión libremente; y buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio.

Cuando somos pequeñas y pequeños preguntamos todo el tiempo, pues queremos saber sobre lo que nos rodea. A medida que crecemos, esta capacidad de inquirir se va inhibiendo por nuestro entorno, pues pareciera que resulta incómodo o es políticamente incorrecto cuestionar tanto.

Si desde la infancia limitamos nuestro derecho a preguntar, en vez de incentivarlo y aprovechar la información para facilitar nuestra vida, ¿cómo pretendemos tener una ciudadanía participativa en los asuntos gubernamentales, y que exija rendición de cuentas a las instituciones del Estado?

Esto no se logra de la noche a la mañana. La ciudadanía es una cualidad que debiera construirse desde la niñez, y para moldearla es esencial aprender a ejercer nuestro derecho de acceso a la información; es decir, a cómo preguntar sobre lo público.

Es durante la infancia y adolescencia cuando podemos sembrar capacidades y habilidades, no solamente para nuestro desarrollo personal, sino también para interactuar e involucrarnos en lo colectivo.

En nuestro país, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el 28.76% de las personas tienen entre 0 y 17 años; es decir, que hay 38 millones 247 mil 958 de menores. Lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan, de forma significativa, a contextos de pobreza; rezago educativo; privación alimentaria; y falta de servicios de salud.

Con base en la “Medición multidimensional de pobreza en México 2018-2020” del CONEVAL, entre esos dos años, el porcentaje de menores en esta condición aumentó 2.3%, al pasar del 50.3% al 52.6%; esto significa que había 19.5 millones en situación de carencia; de los cuales era extrema para 3.9 millones (10.6%).

De acuerdo con este mismo informe, en 2020, el porcentaje de población de infantes y jóvenes con insuficiencia alimentaria fue del 26.6% (9.7 millones); y el 27.5% no tenía acceso a servicios de salud (10.2 millones).

Asimismo, de 2018 a 2020, incrementó en 1.1% el componente de población de 3 a 21 años que no asistía a la escuela y que no contaba con educación obligatoria, pasando del 15.6% a 16.7%; por lo que había 2.8 millones de personas entre 3 a 15 años; y 4.1 millones entre 16 a 21 años con rezago educativo.

En este contexto, el derecho a saber sobre lo público es llave para usar otros derechos, para abatir desigualdades, e impulsar el desarrollo. Por ello, los órganos garantes de transparencia debemos enfocar acciones para que la información sea aprovechada por los menores de edad.

Para alcanzar este propósito, se puede trabajar en tres vertientes: 1) enseñar, de forma lúdica y cercana, a las niñas, niños y adolescentes a ejercerlo, para que sean usuarios directos, dado que cualquiera puede utilizarlo sin importar su edad; 2) apoyarse de personas adultas para que los acompañen en el proceso de preguntar, de tal suerte que ambos lo internalicen; e 3) identificar información de utilidad para generar políticas públicas dirigidas a ellas y ellos.

Para que este derecho tenga eco y se vuelva cotidiano es fundamental garantizar que pedir información, o quejarse en caso de negativa, sea sencillo y tenga un resultado exitoso; que se entregue lo requerido de manera accesible y comprensible; y que lo obtenido se traduzca en beneficios tangibles.

Para alcanzar este efecto, siguiendo la fórmula que decía Benjamín Franklin, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, será clave incluir el aprendizaje de este derecho en los niveles de educación básica y media superior; e implicar a las autoridades, familias y profesorado en la promoción de su aplicación práctica.

Fuente:

"Democracia digital, inclusiva y participativa", Columna Brújula de Ideas, Voces México, 19 de octubre de 2021, disponible en: https://vocesmexico.com/opinion/democracia-digital-inclusiva-y-part...

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BFE3gk6MOso&ab_channel=VocesM%C...