DELITOS DE ALTO IMPACTO Y LA SECUELAS

Colaboración para el programa A Detalle en Global Media

08 DE DICIEMBRE DEL 2015

Hablar de la violencia en nuestro contexto, en nuestro alrededor, con las personas que convivimos se ha vuelto normal, hemos introducido en nuestro discurso acciones violentas que lastiman la vida de muestras personas y que se ha vuelto un referente en las conversaciones cotidianas.

Hablar de delitos de alto impacto es casi de la vida diaria, de acuerdo con “101 conceptos para entender la inseguridad (con seguridad)  de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C), señala “(…) que son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía”[1]

Estamos encerrando en este concepto a los delitos como secuestros, extorsiones, robos, homicidios. En Robos son aquellos en los que se emplea la violencia, atenta contra nuestro patrimonio, seguridad y bienestar, el homicidio doloso es cuando una persona le quita intencionalmente la vida a otra y el homicidio culposo es cuando él o la culpable no tenían la intención de quitarle la vida pero por negligencia la causó.

Hemos estado observando datos que ofrecieron en este año México Evalua, que es una asociación civil que realiza investigaciones sobre cuestiones de seguridad en nuestro país, y nos damos cuenta que la información en materia de seguridad a abusado de la confidencialidad que le permite la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues en aras del resguardo de inculpados y víctimas hemos llegado a un punto en que las estadísticas de han vuelto información reservada y a la que no tenemos acceso más que  vía investigaciones como las de diferentes organismos que buscan visibilizar temas que están negados en la agenda política de los diferentes gobiernos, estatales, municipales y del gobierno federal.

Cuando hablamos de un secuestro estamos haciendo eco de las secuelas que le provoca a la víctima, a su familia, a sus amigos cercanos, y que la vida se convierte en un retorno difícil a la normalidad. Este año he visto las enormes dificultades que tiene una persona para regresar a su proyecto de vida una vez que ha pasado el trance del secuestro, que muchas veces va a aparejado con la extorsión,  el asesinato, el trabajo forzado y la trata de personas.

El secuestro “son todas aquellas acciones de donde el victimario priva a la víctima de su libertad personal y espacial como medio de presión, a efecto de obtener con ello el cumplimiento de una prestación que sea otorgada por la víctima o por un tercero” [2] , para ello hemos visto  la tortura a que las someten, el maltrato físico, las lesiones, el temor, la agresión verbal, u un largo etcétera que ha vivido una víctima de este delito. Y cuando por razones que no entran a la razón de la familia de la víctima es asesinada, la situación se convierte en un calvario para todas las personas que vivieron el hecho.

El tiempo de la espera son periodos de una enorme tortura para la familia de la víctima, no saber dónde está, el trato que recibe, el daño a que le someten, pensar lo vive y lo que sufre lastima con graves secuelas emocionales a las personas que le rodean.

Cuando, por ejemplo, una niña es privada de su libertad (estaríamos hablando estrictamente de secuestro) y además víctima de violencia física, emocional, y violación, no podemos imaginar que se tome como un delito menor, pues la niña por su condición de vulnerabilidad, tiene secuelas que pueden resultar muy difíciles de borrar de su futuro.

La condición de las víctimas en nuestro país siempre estuvo muy echa para atrás, es con las organizaciones de la sociedad civil como se empezó a visibilizar muchos de los asuntos en delitos de alto impacto, ahora la ley de Víctimas para el estado de San Luis Potosí nos permite tener un abogado que acompañara a la víctima desde que presenta su denuncia, además de darle el acompañamiento integral, de apoyo psicológico, de trabajo social y las diligencias que requiera el asesor jurídico.

En nuestro país el cambio de sistema de justicia penal deja abiertas muchas posibilidad de éxito en favor de las víctimas, que buscaríamos que lo más importante es que se logre la reparación del daño.