“Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges de 'ay para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alipus”.

La clásica “Bartola” escrita por Chava Flores desde hace varias décadas, permanece vigente en la cultura mexicana como una sátira que describe fielmente la economía de las familias mexicanas
Para nada es motivo de broma reconocer que casi la mitad de la población en nuestro país, más de 55 millones de mexicanas y mexicanos, se encuentra en situación de pobreza; sin embargo, la optimización de los recursos es también un tema cada vez más relevante ante la falta de oportunidades y la creciente insatisfacción de las necesidades básicas, en un país en que el 64% de sus riquezas se concentra en tan solo el 10% de la población.
Al margen de las dimensiones que utiliza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social en México, el CONEVAL, o de los cambios repentinos que estableció INEGI en la metodología estadística para medir la pobreza en nuestro país; es imposible ocultar los niveles de desigualdad y las fallidas estrategias de desarrollo social y combate a la pobreza en México en este sexenio.
De acuerdo con el CONEVAL el costo de la canasta de bienestar mínimo asciende a 87.51 pesos diarios por persona; estamos hablando que el salario mínimo actual en nuestro país de 80.04 pesos, es mucho menor a lo que en bienestar debería acceder cualquier mexicana o mexicano (alimento, transporte, vivienda, cuidado personal, salud, educación y vestido, entre otros).
Ante esta realidad, los jefes o jefas de familia en México, deben innovar en sus estrategias para administrar sus ingresos, y poder brindar un desarrollo óptimo a sus familias, o en la mayoría de los casos, para sobrevivir el día a día.
En este sentido, no sólo nos enfrentamos a asuntos de índole privado. El declive en las economías de las familias, la desigualdad y las faltas de oportunidad en México, conllevan problemas latentes en los derechos humanos y derechos constitucionales, tales como el acceso a la salud, educación, seguridad social, nivel de cohesión social y servicios de la vivienda.
Los distintos órdenes de gobierno deben tener claro que la administración y aplicación de los recursos públicos deben plantearse en una estrategia integral que tenga como prioritario la implementación óptima de las políticas de desarrollo social.
Por su parte, los gobiernos municipales al gozar de autonomía política, fiscal y administrativa, son los escenarios perfectos para impulsar las políticas que permitan fomentar la actividad productiva en su territorio y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Cuando volteamos a ver lo local, nos enfrentamos con una infinidad de limitantes, pero es ahí, donde se encuentra un potencial invaluable para impulsar estrategias focalizadas que busquen promover el desarrollo de sus territorios y sus habitantes.
Sabemos que los recursos municipales son limitados, y su distribución compleja. La realidad ha demostrado, sin embargo, que la capacidad de ingresos públicos no garantiza el diseño y desarrollo de mejores políticas públicas municipales.
El diseño de las políticas públicas debe partir siempre del análisis sustancial y las características actuales del municipio. Reconocer las limitantes a las que se enfrenta cualquier gobierno, debe ser el punto de partida para establecer las estrategias idóneas en el cumplimiento de sus objetivos. Los gobiernos locales tienen toda la infraestructura administrativa para focalizar sus esfuerzos en resolver los problemas prioritarios; los que tienen que ver con el desarrollo social y las seguridad e integridad de las personas.
La innovación gubernamental, juega allí una oportunidad única para que los gobiernos sean foco de los reflectores de la gobernabilidad y la aceptación ciudadana. Establecer estrategias novedosas y creativas que permitan hacer más con menos, no sólo beneficia las posibilidades de disminuir las problemáticas sociales de cualquier municipio, sino también, impulsan a las sociedades a ser más participativas.

Si bien, no debemos creer que los gobiernos municipales resolverán los niveles preocupantes de pobreza a nivel general, si debemos ser consientes de que las acciones que se ejecuten desde la facultad de un gobierno municipal, pueden incidir directamente en la economía de las familias y abrir una poderosa área de oportunidad para impulsar una participación ciudadana proactiva, así como promover mejores niveles de vida para toda la ciudadanía.

Es el momento de replantearse nuevas formas de hacer gobierno, explorar todas las áreas de oportunidad que han sido desechadas en la competitividad de partidos, en el clientelismo, la falta de profesionalización del funcionariado publico y la corrupción.

Sonora, y sus municipios requieren de mayor legalidad, de gobiernos más ciudadanos, administraciones innovadoras que mantengan en movimiento y crecimiento las riquezas y virtudes de nuestra tierra y nuestra gente. La posibilidad de reelección debe ser el impulso que tanto hace falta, ningún ciudadano debe votar por quién no demuestre en hechos el compromiso de hacer crecer su municipio y salvaguardar en primer término, la integridad de sus familias.

Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Agosto 2017 www.mujerypoder.com.mx

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.