No hay varita mágica que transforme la realidad social, ni escenarios perfectos en el mundo que convengan a todos los intereses. Sin embargo, en la construcción de una sociedad equitativa, centrada en políticas eficientes y eficaces, se tiene la oportunidad de cambiar las dinámicas que están afectando el día a día de la población en determinado espacio.
En términos estrictos, las grandes problemáticas que aquejan al país, e incluso, los graves problemas que nos afectan en Estados y municipios, son resultado de la falta de voluntad y desinterés de quienes ostentan el poder, acerca de las verdaderas necesidades de la población.
Diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan un equilibrio en la sociedad no tendría por qué ser algo imposible o complejo. La complejidad se sostiene en la inoperatividad del sistema político y social, y en el desinterés de las y los tomadores de decisiones acerca de lo que pasa al rededor.
No siempre se trata de dinero. O tal vez sí, pues muchas veces o en su mayoría, los intereses que sustentan el poder se rodean de ello. Pero es importante señalar que el diseño de políticas públicas en primer lugar debe centrarse en reconocer las necesidades a las que se enfrentan como gobiernos, es decir, las necesidades del público, de la población.
¿Cuáles son las problemáticas relevantes en mi municipio, estado o país?, ¿en qué nos afectan en conjunto?, ¿cuál es el impacto de su presencia en sociedad? Etcétera. Y a partir de ahí comenzar a planear con base a presupuestos vigentes, capacidad instalada, conocimiento de fortaleza institucional, capacidad de liderazgo y de gestión. Los gobiernos deben reconocer como punto de partida qué es lo que pueden hacer para enfrentar esas problemáticas a partir de lo que tienen y lo que pueden conseguir para lograrlo.
Sin duda, en nuestro Estado, son muchas las problemáticas vigentes que afectan el desarrollo de las y los Sonorense. Pero sin duda, una de las deudas más urgentes de atender por su naturaleza de odio, discriminación, inequidad, y sobre todo, por ser el acto más cruel de violación de los derechos fundamentales, es el alto índice de violencia contra las mujeres, y violencia feminicida.
El pasado 15 de septiembre la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), entregó al gobierno del Estado el dictamen donde se declaraba a Sonora como estado sin Alerta de Violencia de Género. Así mismo, estableció un periodo de seis meses para valorar las acciones del gobierno estatal en cumplimiento de las DOCE recomendaciones que se hicieran desde noviembre de 2015 en materia de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y así determinar la procedencia o improcedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
Las DOCE recomendaciones son un claro resultado de las inconsistencias en el actuar de las instituciones que conforman en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (P.A.S.E.), que de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sonora, tiene por objeto coordinar la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales y homogéneas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Ante ello, seguimos presenciando inoperatividad de un sistema diseñado para erradicar la violencia contra las mujeres, por la carencia de políticas públicas eficientes y eficaces que permitan disminuir los índices de violencia y prevenir la violencia feminicida.
Debemos tener en claro, gobierno y sociedad, la necesidad urgente de garantizar que todas las instituciones que conforma el Sistema Estatal P.A.S.E. ejecuten con apego a la Ley, la actualización y orientación de los programas y políticas en esta materia; que se determinen los recursos humanos y financieros para el desarrollo del Programa Estatal, así como las acciones programáticas y presupuestales respectivas que deberán preverse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, que hace referencia el Art. 46 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es primordial no quitar el dedo del renglón y evaluar constantemente las medidas ejecutadas o no en esta materia.
El Gobierno de Sonora y sus municipios, deberán dar continuidad a las recomendaciones hechas por CONAVIM y adoptar las medidas necesarias para trabajar en conjunto en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.

Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Diciembre 2016 www.mujerypoder.com.mx

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.