…si nos faltan ellas, tampoco estamos completas…

 

 

Desde hace muchos años, el término “feminicidio” se comenzó a utilizar en México. Específicamente fue la Mtra. Marcela Lagarde de los Ríos quien comenzó a nombrarle así a los homicidios de mujeres cuando han sido asesinadas por cuestión de género. ¿Qué quiere decir esto? Que el feminicidio es el conjunto de violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres y un estado de violencia misógina que conduce a agresiones, ataques, maltrato y daños que culminan, en asesinatos crueles de las mujeres, por eso, los Feminicidios son crímenes de odio. La legislación vigente tanto Estatal como Federal, acepta que la violencia puede darse no solo en el ámbito doméstico o laboral, sino de también desde las prácticas institucionales del Estado.

Esta legislación vigente en nuestro país, está en congruencia con los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, específicamente con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer conocida como "Convención de Belem do Pará", la cual  establece en su artículo primero que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y en el artículo dos,  señala  que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, también la que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y –este punto es importantísimo- aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Esta violencia incluye también las omisiones, o sea, lo que se deja de hacer.

Este tipo de  asesinatos ocurren en todo el mundo, a todos los niveles socioeconómicos y a cualquier edad de las mujeres. A lo mejor, al hablar de Feminicidios, el primer lugar donde pensamos en ubicar geográficamente el problema es en Ciudad Juárez, ya que las terribles omisiones del Estado dieron como resultado que en  noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Edo. Mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares y por increíble que parezca, en 2014 aún muchos funcionarios y funcionarias públicas siguen minimizando el hecho del aumento cotidiano de estos crímenes. Varios estados han solicitado la declaratoria de alerta de género, y sólo pondré como ejemplo al Estado de México, en donde. según datos del 2012  publicados por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios¸ desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en la entidad, concentrándose el 54% en  diez municipios del estado. Sobra señalar que dicha solicitud de alerta fue negada.

Pero no es necesario irnos a otros estados, en el caso claro y MUY cercano, de San Luis Potosí, según una entrevista con el diputado Miguel de Jesús Maza Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso de San Luis Potosí, publicada por el periódico Excelsior en abril de este año, el diputado declaró que “Es un estudio que se realizó de mayo de 2003 a mayo de 2013 y, de acuerdo con este estudio, en el estado de San Luis Potosí, durante este periodo de 10 años que fue el periodo de estudio, se cometieron 203 feminicidios y 109 asesinatos de mujeres. El estudio nos ejemplifica cómo estos 203 feminicidios y 109 asesinatos a mujeres prácticamente se vinieron incrementando, realmente la mayor parte de ellos se dio en los últimos años, en los últimos tres o cuatro años”. También según este estudio, se puede mencionar que la cifra más alta de feminicidios se concentró en la Zona Centro con 92 casos, Zona Huasteca con 66, Zona Media con 25 y finalmente la Zona Altiplano con 20 feminicidios. De éstos, los cometidos por pareja, familiares y conocidos de las víctimas representan poco menos del 50%, es decir, 5 de cada diez feminicidios son penetrados por hombres cercanos y/o en conexión sentimental con la víctima, lo que indica el incremento de la violencia familiar y una agudización extrema en dicha tipología de violencia. Los siguientes feminicidios con mayor número de casos, justo después de aquellos sin datos suficientes, son los relacionados con ataques sexuales, es decir, no solo se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que se ejerce violencia sexual previa contra ellas. (Datos del Diagnóstico hemerográfico de Geo-feminicidios en el estado de San Luis Potosí)

En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia, se contempla que corresponde al Ejecutivo Estatal el promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;  Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; Publicar y difundir el informe anual que apruebe el Sistema sobre los avances del Programa; Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y del Programa; Impulsar la formulación y actualización de acuerdos de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, para lograr la asistencia integral de las víctimas de violencia, con apego a lo establecido en sus respectivos reglamentos internos y Coordinar la ejecución del Programa y dar seguimiento a las acciones del mismo, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Ante esto, en junio de este año, la Comisión Permanente de protocolos de investigación ante Feminicidios del Senado de la República, urgió a 16 estados, incluido San Luis Potosí, a la implementación de los protocolos de investigación para los Feminicidios, ya que éstos establecen las bases para el procedimiento de investigación e integración del delito de feminicidio, que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales. En mi papel como Consejera Consultiva y Social del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, he pedido en dos ocasiones, en sesión de Consejo, saber cuáles son los avances sobre dicho protocolo y no se me ha dado respuesta formal, sólo se me ha mencionado que en Noviembre se reunirá el Sistema Estatal y ahí, se presentará un avance.

Como bien dijo María de la Luz estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios: “Lo que nos preocupa es que no le vemos la voluntad política al Estado, si bien tiene el tema de mujeres en su agenda no lo vemos en acciones concretas para realmente ir contribuyendo a erradicar esta violencia. Necesitamos investigaciones con visión de género y avanzar pero la autoridad ni siquiera acepta que haya una alerta de género en ningún sitio y esto propicia que en México sigan aumentando los feminicidios”.

En estos últimos días hemos visto a todo lo largo y ancho del país y del mundo, manifestaciones de condena por la desaparición de 43 maestros normalistas, y,  sin restarle ni un ápice de importancia a esto… ¿no va siendo hora que también salgamos a las calles a demandar que los feminicidios dejen de ser un asunto sin importancia para el Estado?...finalmente sin ellas, tampoco estamos completas.

 

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