Hace unos días, la  Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, consideraba que había elementos suficientes para anular el resultado de las elecciones delegacionales de Coyoacán realizadas el 1 de julio pasado. El magistrado encargado del caso, explicó que se violó el principio de  equidad y que se documentaron “prácticas clientelares” que “afectaron el resultado. Pero algo  de suma importancia es que  se acreditó, la violencia política por razones de género contra María Rojo, candidata de Morena cuya  defensa presentó como pruebas fotografías alteradas de la entonces Candidata para ser usadas como propaganda en su contra, páginas con datos falsos sobre  su trayectoria en tanto como actriz como  política. El Tribunal consideró que atentaban contra su dignidad y que denigraban a la candidata por razones de género. También existieron conductas consideradas hostigamiento por parte de personas que pegaron carteles con mensajes violentos en su casa y le gritó consignas de odio y amenazas. La entonces candidata, relató en varias entrevistas que sufrió todo tipo de humillaciones relacionadas con su edad y con su trabajo en los escenarios y en el cine. Denunció que le inventaron un amante político y que sufrió acoso telefónico y en las redes.

Debemos tenerlo claro, la violencia política contra las mujeres en razón de género quiere decir que se aplica contra las mujeres solo por ser mujeres”, violando los derechos políticos de las mujeres al perpetuar las relaciones de dominación masculina y los roles tradicionales, para que ellas no participen en el ámbito público y se queden en el ámbito doméstico y privado. Desafortunadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó el triunfo de Manuel Negrete argumentando en pocas palabras,  que la violencia política contra la candidata no había sido un factor determinante en la elección. Esto es una de las peores sentencias que se han dado en el país.

Aquí en San Luis Potosí han ocurrido casos terribles de violencia política, varios y destacados todos. Sin embargo, sólo mencionaré dos: El 20 de febrero de 2015, Cecilia Izaguirre Camargo fue asesinada por dos tipos que le salieron al paso y  se apresuraron a matarla de dos disparos, siendo ella  la dirigente municipal del PRI en el municipio de Lagunillas y en mayo de 2016, dejaron en libertad a uno de los hombres señalados como asesino material de este crimen. El otro caso ocurrió el 29 de Junio de este año, cuando a unas horas de las elecciones municipales, delincuentes entraron a la casa de la entonces candidata a Diputada Federal Frinné Azuara Yarzábal y con lujo de violencia disparándole por la espalda sin lograr herirla, pero si causando daños y lesionando a un familiar. Hasta la fecha, a pesar de que se hizo la denuncia, no hay un solo detenido por el caso y más bien, parece que las autoridades han dejado el asunto en el abandono.

Habrá que cuestionar cuál es el tipo o el grado de violencia que necesita ocurrir para que las autoridades entiendan el riesgo en el que compiten las mujeres por un cargo público.  La participación de las mujeres no es una concesión, es un derecho que debe ser garantizado y el Estado es el responsable de garantizar el acceso a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

 

 

 

 

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