No entiendo la razón por la cual no hay alerta de género en todo el país. El feminicidio es una triste realidad nacional y que nos hace estar en los primeros lugares mundiales respecto a la violencia contra las mujeres. A nivel global México ocupa el lugar número 23 en términos de violencia feminicida.

Acabar con el feminicidio y las múltiples formas de violencia que vivimos las mujeres debería ser una cuestión de seguridad nacional. La mitad de la población vive bajo amenaza constante por el simple hecho de ser mujer. Si a ello se añaden otros factores que aumentan la vulnerabilidad en la que viven las mujeres, tales como educación, lugar de habitación, acceso a la salud, trabajo, etcétera, resolver las condiciones que las ubican en posición de riesgo debería ser una prioridad  nacional y transversalizar con perspectiva de género todas las políticas publicas, una urgencia.

Lamentablemente, no es así. Para muchos tomadores de decisiones, hablar de violencia contra las mujeres sigue sonando a un asunto exclusivo de “ellas” y no entienden que esta situación afecta a la sociedad en  conjunto.

El año pasado el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) de Naciones Unidas presentó su noveno informe sobre México, el cual reconoce importantes avances, sobre todo, en materia de reformas legislativas, entre los cuales destacan:

    • Las reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular una disposición en la que se tipifica como delito el feminicidio (2016);
    • La reforma de la Constitución  (artículo 41) para instaurar la paridad en las elecciones legislativas en los planos federal y local  (2014);
    • La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nueve de cuyos artículos promueven la igualdad  de genero en distintos ámbitos, (2014);
    • Las iniciativas del Estado mexicano para mejorar su marco regulativo e institucional a fin de acelerar la erradicación de la discriminación  contra la mujer y promover la igualdad de género, a través de instrumentos tales como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018; el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018; el Programa Nacional para el Desarrollo ala Inclusión de Personas con Discapacidad 2014-2018; el Convenio por la Igualdad de Género y el Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación del 2016; la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del 2015, entre otros.

Los motivos de preocupación, sin embargo, siguen siendo grandes e implican serios focos rojos:

El contexto general, institucional, social y político del país sigue fomentando la violencia de género. Sin refuerzo de la seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada y sin el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en la materia, la inseguridad y violencia siguen afectando a las mujeres. No se han adoptado medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas ni actividades públicas que contrarresten la propaganda  existente contra la igualdad de género.

Siguen faltando adecuaciones al marco legislativo para armonizar las leyes y derogar las que aún prevalecen y son discriminatorias.

Sigue faltando acceso a la justicia para las mujeres y el Comité reconoce la existencia de trabas institucionales y estructurales, así como prácticas que dificultan su acceso a ella.

El informe señala diversos puntos rojos en diversas áreas:  combate a estereotipos, desafíos en materia de participación de las mujeres en la vida pública y política, acceso a la educación, el empleo, la salud, el empoderamiento económico y diversas prestaciones sociales. Destaca también la necesidad de atender grupos específicos de mujeres: del medio rural y mujeres indigenas, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, reclusas así como de atender situaciones concretas tales como matrimonios forzados e infantiles.

El Informe de la CEDAW reconoce la elaboración de una política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres así como la creación de mecanismos para cumplir con este fin, tales como las unidades de igualdad de género. Sin embargo, “muestra una gran preocupación por los limitados recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Instituto Nacional para las Mujeres para promover la igualdad de género y apoyar su función   como principal organismo de coordinación del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Respecto a este último punto destaco que nos encontramos hoy, en febrero, sin una persona que presida el Instituto. El proceso ha sido complicado  y gracias a la voluntad y compromiso de las integrantes de los Consejos Consultivo y Social del Instituto, se hizo una convocatoria abierta y  se llevó a cabo un un proceso diferente y transparente para seleccionar a la persona que habrá de presidirlo. El próximo lunes 18 de febrero será aprobada la terna que se presentará al Presidente de la República para que él elija a la titular del Instituto.

Por todo lo que he señalado respecto al informe de la CEDAW, el cual presenta una radiografía bastante clara y acertada de la realidad nacional en materia de derechos y adelanto de las mujeres en México, la selección de la titular de esta instancia gubernamental es clave. El Instituto requiere no sólo una persona que lo administre, sino una que tenga un compromiso abierto, claro y evidente con la agenda por la igualdad y los derechos de las mujeres, que entienda el contexto nacional e internacional en el que nos encontramos y que tenga experiencia probada en la materia. Muy importante, que sea una persona que llegue por su capacidad, reconocimiento e independencia. El proceso ha sido inédito y ha sentado un precedente muy importante en términos de transparencia y ciudadanización, y las candidatas que se mencionan tienen de antemano, la virtud de ser propuestas en un contexto de esta naturaleza. Sin duda tienen talento, experiencia y compromiso. Habiendo dicho esto, pienso que la persona adecuada en este momento por su conocimiento, experiencia en  los temas y visión para impulsar las acciones que se requieren hoy y promover políticas públicas con perspectiva de género en el contexto actual, es Patricia Olamendi, a quien le deseo mucha suerte.

Espero que el INMUJERES se fortalezca en los años que vienen y que pueda cumplir sus funciones de coordinación y adelanto para la igualdad entre hombres y mujeres. Es la gran agenda pendiente de este país y serán los pasos que permitirán sentar las bases para el cambio que se necesita.. Urge y espero que en el siguiente informe de la CEDAW el recuento respecto a esto sea positivo y deje de ser un foco rojo.  Si esto se logra, ganamos no sólo las mujeres, gana todo el país.

#VivasNosQueremos  #Niunamás #Lacalleesnuestra #lanochetambién #tuvozcuenta

 

@LaClau

Publicado originalmente en Animal Político el 13 de febrero.

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