Simón Bolívar afirmaba que “la justicia es la reina de las virtudes republicanas”, porque “sostiene la igualdad y la libertad”. Su mayor bondad radica en su misión garantista de derechos humanos mediante su protección, reivindicación, defensa, reparación o habilitación de su ejercicio.
Esta prerrogativa, a través de las instituciones que la procuran o imparten, es la que mantiene el orden y estabilidad del Estado, al hacer cumplir las leyes pactadas para convivir en paz y desarrollarnos en lo individual y colectivo; resolviendo conflictos; generando equilibrios entre poderes; y previniendo y combatiendo actos contrarios a las normas.
La necesidad de su salvaguarda se refleja en la alta recurrencia de trámites ante los tribunales mexicanos de un 95.6%, registrada en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023; los cuales aún no logran su pronta atención, dado el nivel de 51.9% de satisfacción en el tiempo destinado a su realización.
Esta misma medición reporta un déficit de credibilidad hacia los juzgadores, alcanzado éstos solo un 39.4%; y un 37.1% respecto de la policía; lo que contrasta, con el 66.7% y el 86.7%, respectivamente, de frecuencia de corrupción que se percibe en cada uno.
Nuestros órganos jurisdiccionales también manifiestan una alta tasa de impunidad de 60.08, según el Índice Global 2022 de la UDLAP sobre este tema. Adicionalmente, el hecho de seguir por debajo del promedio mundial de 17.83 en el número de jueces por cada 100 mil habitantes, contabilizando escasos 4.36, se traduce en saturación y rezago.
Si bien es cierto que las instancias judiciales presentan diversas problemáticas que afectan la observancia de su actividad, las cuales deben revisarse y corregirse, como se plantea en la reforma, actualmente, en discusión; lo cierto es que ésta no debe trastocar su autonomía, pues es la que preserva su independencia, evitando intromisiones y subordinaciones.
La propuesta de elegir por voto popular a quienes solventan las controversias tiende a comprometer este valor, al politizar una función técnica que debe sustentarse en un servicio de carrera basado en el mérito, donde la transparencia oriente su selección y permanencia, como lo ha sostenido la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No puede haber justicia sin información, porque ambas integran una dupla esencial en democracia. Sin ésta última, la primera carecería de insumos para materializarse; y sin la referida inicialmente, los documentos de una acción no podrían obtenerse, ni se sabrían los perfiles de los que la ejecutan, ni habría rendición de cuentas.
Si queremos alcanzar su efectividad y construir confianza social, cualquier iniciativa formulada debe asegurar que su aplicación sea imparcial, objetiva, legal, oportuna, accesible y abierta; con un actuar de sus operadores profesional, íntegro y con conocimiento probado.
POR MARINA SAN MARTÍN REBOLLOSO
ESPECIALISTA EN TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD
@NAVYSANMARTIN
Fuente: "Justicia e información, dupla esencial en democracia", El Heraldo de México, 15 de julio de 2024,disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/7/15/justicia-informaci...
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