Tres mujeres, seis policías. Tres mujeres indígenas, seis policías federales. Tres mujeres indígenas otomís del estado de Querétaro, seis policías federales de la corporación especializada en el combate al crimen organizado. Tres contra seis. Tres mujeres señoras indígenas que, sin entrenamiento físico ni armamento ni nada, secuestran a seis muchachos policías federales, supuestamente entrenados y provistos de lo necesario para incluso someter a verdaderos malandrines. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo estúpido puede habitar semejante bodrio? ¿Qué clase de argumento imbécil es el que proclama que estas tres señoras, tres, pueden someter a estos seis muchachos, seis?
Tres mujeres, seis policías, una cárcel, casi cuatro años. Una niña, Jazmín que en la cárcel nació: justo en su injusto 14 de febrero del año pasado. Un Ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que, al resolver, declara que se trata de “una vergüenza para el sistema de justicia”. La ignominia. Un país frente al espejo. En la imagen, el más siniestro esperpento. Somos un país de desgraciados. La desgracia ha caído sobre nosotros como el lodo espeso que destila una Nación donde la justicia se procura de forma injusta. Qué vergüenza.
Lo bueno: la Suprema Corte de Justicia de la Nación paró el frenesí, exhibió nuestra infortunada desgracia y comenzó a “reparar el daño” que nunca se reparará al finalmente ordenar la libertad de las tres mujeres indígenas a quienes el ministerio público (así se llama) acusó de secuestrar a tres de sus muchachos policías del cuerpo de élite (así se suponía).

Lo feo: la pena ajena y propia. La burla. En medio de tanta desgracia, ¿quién podría defendernos si nuestros superpolicías, los extintos “AFI’s”, podrían ser sometidos por tres señoras tejedoras? ¿Cómo podrían defendernos de los malandrines que no saben tejer huipiles pero sí lanzar metralla, granada y harto billete?

Lo malo: no hay, no puede haber reparación del daño. Ni a las señoras, ni al país. No hay perdón. Sólo el reclamo de justicia. Y, con el debido respeto para las señoras, las disculpas públicas no bastan.
Aquí no hay que olvidar, nunca, algo elemental: alguien, algunos hicieron mal su trabajo. Algún agente del ministerio público integró mal la averiguación, algún procurador de justicia procuró mal la justicia, algún juez juzgó mal. Todos ellos son responsables y deben ser sometidos a un procedimiento legal sancionador. Si esto va a ser algún día un Estado de Derecho, debemos empezar de inmediato. Los responsables deben ser sujetos de un procedimiento sancionador y, me parece inevitable y exigible, separados de sus cargos, inhabilitados y sancionados.
A ellos habrá que destinarles toda la fuerza legal del Estado que nos dice representar. Ya que no se puede contra otros, al menos contra ellos y no contra tres indígenas otomís que en su rostro sonriente y mirada hueca llevan las huellas de nuestra desgracia.

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Carlos González Martínez es autor del blog Ciudadano Andante y colaborador de la versión impresa de Cambio de Michoacán a través de su columna Dormingo.