La soberanía nacional no reside en producir gasolinas y la seguridad energética pasa hoy por el aprovechamiento del enorme potencial de energías limpias.

LOURDES MELGAR*

Marcha atrás a la reforma energética es la señal que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado al nombrar a férreos opositores a ésta en su futuro gobierno. Las políticas anunciadas atienden promesas de campaña que sirvieron para avivar el fuego contra el candidato oficial o evocan legajos de antaño. La carga ideológica niega un balance imparcial del nuevo marco jurídico; la ausencia de análisis metódico impide a sus detractores reconocer que el modelo energético vigente genera condiciones propicias a la transformación que anhelan.

Así, se propone construir refinerías y centrales hidroeléctricas. El precio de la gasolina se afirma como termómetro de éxito. Se retorna a una visión en la que “Pemex lo puede todo”, poniendo en entredicho la continuidad de las rondas petroleras del Estado, privilegiando los procesos impulsados por la empresa nacional. Se desdeña lo apremiante para la seguridad energética: incrementar la producción doméstica de gas natural, modernizar las líneas de transmisión y distribución, promover el desarrollo de infraestructura de transporte y almacenamiento que garantice el suministro y reduzca en términos reales los costos de los energéticos.

Para garantizar la seguridad energética, generar empleos y propiciar el bienestar social, es imprescindible contar con un diagnóstico imparcial y conocer a fondo el modelo actual. Dados los tiempos de maduración de los proyectos energéticos, de mantenerse el curso actual, la nueva administración recibiría los beneficios de los más de 15.000 millones de dólares invertidos hasta ahora.

En efecto, la reforma constitucional de 2013 salvaguarda la especificidad mexicana: la exploración y extracción de hidrocarburos se mantienen como áreas estratégicas del Estado, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica, la planeación y operación del sistema eléctrico nacional (Artículo 28 Constitucional). En este modelo, la rectoría del Estado es medular; la transparencia, elemento intrínseco; y, la sostenibilidad económica, social y ambiental ejes de cambio.

Las bases están dadas para transformar al sector energético con visión nacionalista y profundo sentido social. Más que un país petrolero, México es un país consumidor rico en hidrocarburos y energías renovables. Es también un país altamente vulnerable al cambio climático, en el que los más afectados por la devastación de los huracanes, sequías e inundaciones son los más pobres. La política energética debe pensarse pues tomando en cuenta la seguridad energética, la pobreza energética, el combate al cambio climático y la competitividad económica.

Así, por ejemplo, el gran reto de disminuir la dependencia de Estados Unidos no está en las importaciones de gasolinas sino en el gas natural, ya que se importa cerca del 80% del consumo nacional. La crisis de desabasto de 2011-2012 se atacó ampliando la red de gasoductos en más de 7.000 kilómetros, lo que permitió tener acceso a la oferta más competitiva del mundo. México cuenta con una breve ventana de oportunidad para aprovechar ese gas barato sin correr el riesgo de un estrangulamiento por cuestiones políticas. A partir de 2024, Estados Unidos tendrá infraestructura suficiente para exportar su gas a otras latitudes. Por ello, es urgente producir gas natural en México. Los recursos están identificados. Se requieren decisiones fiscales para detonar la producción nacional y establecerle obligaciones de cumplimiento a Pemex. También, es necesario debatir sobre la conveniencia de desarrollar los recursos no convencionales, toda vez que los impactos ambientales y sociales no han sido debidamente dimensionados. Lo cierto es que México cuenta aún con recursos convencionales que debe aprovechar, antes de adentrarse en caminos inciertos.

Existe también desabasto de etano, insumo esencial para la industria química, que es costoso y riesgoso de importar. Pemex tiene compromisos de suministro que debe suplir so pena de pagar altas penalidades. Urge producir gas húmedo, lo que permitiría desarrollar la industria petroquímica nacional, dándole valor agregado al petróleo mexicano, y generar empleos de calidad. Este sería un proyecto más provechoso que la refinería propuesta en Dos Bocas.

Urge también incrementar la productividad de las refinerías existentes que está por debajo de 60%, atender los complejos problemas de logística, incluyendo el desalojo del combustóleo. En cambio, resulta desafortunado construir refinerías: la inversión es cuantiosa, el monto estimado ha pasado de 6 a 8.4 mil millones de dólares, y puede ser mayor. El tiempo de construcción esperado es de tres años, similar al récord alcanzado por la empresa india Reliance, sin contar los estudios de factibilidad y el periodo de pruebas para entrar en operación. El sexenio se puede ir en la construcción de lo que tres lustros sería un elefante blanco, dado que el mundo se mueve en forma acelerada a la electrificación del transporte, amén del excedente de gasolinas en el mercado internacional.

México, país que ha asumido un liderazgo en los acuerdos internacionales en materia de transición energética y combate al cambio climático, dejaría de serlo. Justo cuando el planeta ha alcanzado 405 partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera —cercano al fatídico 450 que llevaría al incremento de dos grados de la temperatura promedio de la tierra— se plantea una refinería, que procesaría crudo amargo y pesado, generando harto combustóleo a ser quemado en las termoeléctricas de CFE. Con ello, se incrementarían las emisiones y la tarifa eléctrica. Pemex, además, tendría que importar petróleo ligero para mejorar la calidad de la mezcla a refinar. Recién, se ha anunciado la importación de 350 mil barriles para la refinería de Salina Cruz, las importaciones tenderían a aumentar en tanto no haya producción doméstica de crudo ligero.

La soberanía nacional no reside en producir gasolinas. Un legado de la administración saliente es haber eliminado el cuantioso subsidio regresivo a que alcanzó 220 mil millones de pesos en 2012, y beneficiaba principalmente a los dos deciles más altos de la población. Resulta paradójico que un gobierno de izquierda mantenga el debate en torno al precio del combustible: el costo político de acercarse al precio real ya se pagó.

¿Qué hacer? La seguridad energética pasa hoy por el aprovechamiento del enorme potencial de energías limpias. Las subastas eléctricas de largo plazo han arrojado precios de lo más competitivos a nivel mundial en energías eólicas y solar. Invertir en geotermia permitiría asegurar generación base y limpia. Construir hidroeléctricas, en cambio, conlleva impactos sociales y ambientales. En este sexenio, se intentó erigir tres hidroeléctricas las cuales fueron frenadas por las comunidades que se opusieron a inundar su cementerio, a desplazar sitios sagrados o a afectar patrimonio ambiental. Esa variable no va a desaparecer.

Al anteponer ideología a la realidad, la administración entrante parece desconocer el legado más valioso que recibe en materia energética: el nuevo paradigma social. Desde la Constitución se establecen obligaciones para asegurar que lleguen a las comunidades beneficios concretos, que se abata la pobreza energética y se generen empleos de calidad. Así, por ejemplo, el modelo actual dispone que los propietarios de las tierras reciban un porcentaje de la utilidad final de los contratos petroleros, que se definan subsidios focalizados para la electricidad y el gas L.P., que el Fondo de Servicio Universal financie la electrificación de las comunidades más aisladas y vulnerables, lo que ha permitido llegar a una cobertura del 99%. Asimismo, se hace obligatorio de facto realizar la consulta indígena para todos los proyectos energéticos, se sientan las bases para desarrollar las cadenas de valor de la industria energética, lo que permitiría detonar la generación de empleo para las pequeñas y medianas industrias.

Cosechar los frutos de la reforma energética requiere de continuidad y dejar de abordar el tema desde la dicotomía Estado vs. Privado. El error del gobierno saliente fue destacar los compromisos de inversión extranjera, cuando en realidad la riqueza de la reforma energética reside en que el Estado mantiene la rectoría, y en que la sostenibilidad social, ambiental y financiera, la transparencia y la competencia constituyen principios rectores de la actividad del sector. Dar marcha atrás, llevará a una crisis de seguridad energética, pues el gobierno solo no cuenta con los recursos financieros necesarios para que Pemex y CFE realicen todas las actividades. Lo peor será condenar a la sociedad, particularmente a los más vulnerables, a no percibir los beneficios que estarían por venir en los próximos años. El costo político sería alto.

*Este artículo fue publicado en El País, el 25 de octubre de 2018: 

https://elpais.com/internacional/2018/10/24/mexico/1540404581_66517...

*Lourdes Melgar es investigadora afiliada al MIT e investigadora no residente del Baker Institute. Fue Subsecretaria de Hidrocarburos (2014-2016) y Subsecretaria de Electricidad (2012-2014) de México.