Esta ley establece la distribución de competencias institucionales, los instrumentos y mecanismos para que se logre la plena igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

A pesar de que es una ley de vanguardia para el ejercicio de los Derechos Humanos no se aplica en su totalidad, la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de nuestro país sigue presente.