Un nuevo intento por legislar la violencia política contra las mujeres en México

La paridad política representa un nuevo pacto social que pone en balance las oportunidades electorales entre hombres y mujeres, dando pie a una democracia de representación entre géneros.

Un paso importante para comprender este ejercicio democrático, es reconocer la violencia estructural que ha impedido de manera natural el acceso de las mujeres a la toma de decisiones; así como las pautas culturales que nos han posicionado con estereotipos lejos del terreno de lo público. Ser estratégicos, y analizar el ejercicio del poder con perspectiva de género, es lo que realmente nos llevará a transitar a una paridad no solo en candidaturas, si no a la efectiva igualdad en el ejercicio del poder.

La violencia estructural ha sido una de las barreras más grandes y absurdas a las que nos hemos tenido que enfrentar como sociedad en materia de garantizar los derechos de todas las mujeres. La lucha de las mujeres por su incorporación a la vida pública y el reconocimiento de sus derechos ha ganado grandes batallas, pero ha sido un camino lento y lleno de dificultades.

La violencia que se vive en el terreno político, ha mostrado un impacto diferenciado y discriminatorio en las mujeres por razones de género. Y aunque México forma parte de la Convención de Belém do Pará, que desde el 15 de octubre de 2015, adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, hoy en día aún sigue pendiente la legislación en la materia.

Estamos ya a un año de publicarse en México el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Un instrumento que vino a evidenciar la creciente violencia política que están viviendo las mujeres en el país ante su mayor participación en la vida pública.

De acuerdo al Protocolo para Atender la Violencia Política, esta impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

Como un gran avance en esta materia, durante el mes de marzo, la Cámara del Senado aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

El proyecto de decreto, incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación.

En el documento, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.

El dictamen obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito; además de asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria.

Esta propuesta impulsada por Senadoras de distintos partidos políticos, dio sin duda un paso sustancial en la lucha para lograr cada vez más el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país. Sin embargo, este dictamen que fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, no tuvo la aceptación y consenso que merece una propuesta que busca fortalecer la democracia en nuestro país a través del logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Sin duda, el mundo está evolucionando, y en el desarrollo de la vida pública las mujeres estamos transitando desde el terreno privado entre brechas de poder y desigualdad que no se han querido visibilizar ante la ley. Por ello, ver consolidar la tipificación de la violencia política contra las mujeres, representa hoy más que nunca una acción urgente para atender estas transformaciones a favor de una sociedad equitativa y justa. Seguimos continuando.

Dulce María Esquer Vizcarra
Artículo publicado en Revista Mujer y poder. Ed. Abril 2017 www.mujerypoder.com.mx

Sobre la autora: Mtra. en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Colaboradora y ejecutora de distintos proyectos sociales y de estudios de género. Actualmente asesora en la Comisión para la igualdad de género en el Congreso del Estado.

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